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Title: La inconstitucionalidad de la conducción compulsiva en el Código Procesal Penal del año 2004
Advisor(s): Poco Rodríguez, Ángel Raúl
Issue Date: 2017
Institution: Universidad Tecnológica del Perú
Abstract: This paper reveals the unconstitutionality of compulsory driving in the framework of the new criminal process, established with the Criminal Procedure Code of 2004, suggesting its normative modification or its repeal. The recent changes in criminal and criminal procedure are the result of increasing citizen insecurity, which has had a gradual reduction in guarantees that mainly affect fundamental rights, we are thus faced with a conjunctural change that brings us closer to the sphere of the Criminal law of the enemy. In the face of constant progress, we must interpret procedural norms and, in particular, those that affect fundamental rights, based on the Constitution, as a way of prevailing before the courts a teleological interpretation rather than a grammatical one; This reasoning is based on the fact that the provisions contained in the Political Constitution of Peru are prescriptive in that they create or concur to create true and authentic rules of interpretation of criminal procedural law. From this perspective, the legal system is delimited from a noble perspective: on the one hand, through an interpretation carried out by the Constitutional Court, as established in Article VI, the preliminary title of the Constitutional Procedural Code, Guarantees related to these fundamental rights; And on the other hand, through the legislative development of the rights in which they establish specific protections, we have, for example, the Constitutional Procedural Code and the New Criminal Procedure Code of clear guaranteeing trends, because fundamental rights measure the recognition And respect of the legal systems to democracy. In the case of an average such as Compulsive Driving, we are faced with a conflict between two fundamental rights: on one hand individual freedom and on the other the procedural purpose, so that before this collision of constitutionally protected rights, it is necessary that the A body weighing assets and rights in the light of the right case, always trying to harmonize it, but if this is not possible specifying the conditions and requirements in which the prevalence of one of them. Thus, it should be noted that fundamental rights have a triple demand on the Judiciary: first, the guarantee of motivating judicial decisions, in which the material assumptions of the precautionary measures are applied in conjunction with constitutional principles, since they are auxiliary to understand The real scope of the rule or to fill the gaps of this in all cases. Thus, principles such as proportionality, reasonableness, legality, among others, are of unavoidable observance, as provided by the second guarantee, which is the subjection Of the court to the law, not only procedural, but particularly constitutional, so that before a grammatical interpretation of the procedural rule, we must resort to a third guarantee, which is materialized by means of the double instance, in order that a Superior Collegiate check and corrobore, if the judgment of subsumption has been realized respecting the concret The legal guarantees of fundamental rights. Where the time to carry out a measure of coercion such as that of compulsive driving will affect a fundamental right as that of individual freedom. In this sense, it is pertinent to point out that these types of inconsistencies end up being appealed through a Habeas Corpus process, most of which concluded with a resolution that declares them unfounded or improper, mainly due to the lack of identification of the violation materialized in law Fundamental to freedom, since it is not enough to allege that this right has been violated, but it is necessary to identify in which guarantee, in what principle, sub-principle or in what value have been infringed the fundamental rights of the accused. The purpose of this work is to prove that it is unconstitutional to use a coercive measure such as compulsory driving by the Public Prosecutor (public ministry), when a fundamental right such as that of individual freedom is violated or affected of the person.

El presente trabajo deja en evidencia la inconstitucionalidad de la conducción compulsiva en el marco del nuevo proceso penal, instaurado con el Código Procesal Penal del 2004, sugiriendo su modificación normativa o su derogación. Los recientes cambios en materia penal y procesal penal, son producto de una creciente inseguridad ciudadana, que ha repercutido en un recorte paulatino de garantías que afectan principalmente los derechos fundamentales, estamos así ante un cambio coyuntural que nos acerca cada vez más a la esfera del derecho penal del enemigo. Ante un avance constante, debemos interpretar las normas procesales y en particular las que afectan derechos fundamentales, a partir de la Constitución, como forma de hacer prevalecer ante los tribunales una interpretación teleológica, antes que una gramatical; este razonamiento parte de que las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Perú, tienen carácter preceptivo en cuanto crean o concurren a crear verdaderas y auténticas normas de interpretación de la ley procesal penal. Desde esta perspectiva, el ordenamiento jurídico viene delimitando desde una noble vertiente: por un lado a través de una interpretación llevada a cabo por el Tribunal Constitucional, tal como lo establece el artículo VI el título preliminar del Código Procesal Constitucional de las que se desprenden concretas garantías relacionadas a estos derechos fundamentales; y por otro lado, a través del desarrollo legislativo de los derechos en las que establezcan tutelas concretas, así tenemos por ejemplo tenemos el Código Procesal Constitucional y el Nuevo Código Procesal Penal de claras tendencias garantistas, ello debido a que los derechos fundamentales miden el reconocimiento y respeto de los ordenamientos jurídicos a la democracia. En el caso de una media como es la Conducción Compulsiva, nos encontramos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales: de un lado la libertad individual y del otro la finalidad procesal, por lo que ante esta colisión de derechos constitucionalmente protegidos, es necesario que el órgano jurisdiccional realice una ponderación de bienes y derechos en función al supuesto de derecho planteado, tratando siempre de armonizarlo, pero si ello no es posible precisando las condiciones y requisitos en que admita la prevalencia de uno de ellos. Así conviene dejar sentado que los derechos fundamentales ejercen una triple exigencia sobre el Poder Judicial: primero la garantía de motivar las resoluciones judiciales, en las que se aplique los presupuestos materiales de las medias cautelares conjuntamente con los principios constitucionales, al ser aquellas coadyuvantes para comprender el real alcance de la norma o para llenar los vacíos de esta en todos los casos, De esta forma, principios tales como proporcionalidad, razonabilidad, legalidad, entre otros, son de ineludible observancia, como lo prevé la segunda garantía, que es la sujeción del órgano jurisdiccional a la ley, no solo procesal, sino particularmente constitucional, por lo que ante una interpretación gramatical de la norma procesal, debemos recurrir a una tercera garantía, que se materializa por medio de la doble instancia, con la finalidad de que un Colegiado Superior controle y corrobore, si el juicio de subsunción ha sido realizado respetando las concretas garantías jurídicas de los derechos fundamentales. Donde la hora de llevarse a cabo una medida de coerción como es el de la conducción compulsiva afectara un derecho fundamental como el de la libertad individual. En este sentido, resulta pertinente señalar que este tipo de incongruencias, terminan siendo recurridas mediante un proceso de Habeas Corpus, concluyendo en su mayoría con una resolución que las declara infundadas o improcedentes, debido principalmente a la falta de identificación de la vulneración materializada en derecho fundamental a la libertad, ya que no basta con alegar que se ha vulnerado tal o cual derecho, sino que es preciso identificar en que garantía, en qué principio, sub-principio o en qué valor han sido lesionados los derechos fundamentales del procesado. La finalidad de este trabajo es el de demostrar que resulta ser inconstitucional el uso de una medida coercitiva como es el de la conducción compulsiva ejercida por el Fiscal (Ministerio Público), cuando se vulnera o afectado un derecho fundamental como es el de la libertad individual de la persona.
Note: Campus Lima Centro
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Grade or title: Abogado
Register date: 22-Nov-2017; 22-Nov-2017



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