El incumplimiento del pago de la reparación civil en los procesos seguidos por el delito de robo agravado en los juzgados penales de la provincia de Huánuco, 2014-2015

Abstract

En esta tesis hemos abordado, determinados objetivos generales y específicos, con la intención de cambiar la tendencia de los Jueces Penales de hacer efectivo el cobro del pago de reparación civil contenido en la sentencia, en relación a los daños patrimoniales ocasionados a los agraviados en los delitos de robo agravado, como consecuencia de un hecho punible, puesto que se busca garantizar el logro de los fines concretos. Sabido es que dicho tema ha sido materia de polémica, por cuanto en las mayorías de los casos, se aprecian Resoluciones Judiciales expedidas por Jueces Penales que no toman en cuenta ciertos criterios al momento de fijar la sentencia, montos de reparaciones civiles que no guarda proporcionalidad al daño causado en los agraviados y su incumplimiento efectivo de pago en valor económico a los agraviados de nuestra sociedad, derivada de un hecho punible. Esto muestra una debilidad de nuestro sistema de justica el mismo que deja de lado a su vez a las víctimas, vale decir, sufrir las consecuencias negativas y tormentosas del delito, sin medir a ello el daño moral y psicológico, lo cual conlleva a la falta de asumir el rol con criterio de consciencia por parte de los operadores jurídicos penales, en este caso de los Magistrados, por el cual tiene por finalidad indagar sobre la forma como los agraviados ha merecido protección por parte del Derecho Penal, en tanto parte importante en el desenvolvimiento de estos ilícitos penales. Así mismo, por otro lado, se ha creído conveniente analizar la forma como nuestra Magistratura aplica los “Criterios de Determinación de la Pena”, ya que este tema tiene intima vinculación con la imposición de pago de reparación civil, contenido en una resolución judicial, siendo la manera como el Estado “Trata de restaurar la paz social vulnerada por la norma infringida”, un trabajo de investigación sobre la forma como nuestra Jurisprudencia aplica la reparación civil, ineludiblemente tiene relación con los criterios de los principios procesales, como el de la proporcionalidad, legalidad, lesividad, culpabilidad y racionalidad, muy aparte de la individualización de la pena. Sin embargo particularmente, a efecto de contrastarlo con nuestra realidad y detectar sus virtudes y defectos y a partir de allí proponer alternativas de solución, es que dicha situación, ha sido necesario elaborar la presente investigación, dado que a criterio del grupo dicho tema me ha motivado el despertar interés, llevándonos entusiasmadamente al desarrollo del presente proyecto de investigación, ofreciendo lo mejor de sí en una noble causa, a la comunidad jurídica, la de investigar recopilando datos necesario, que aporte al estudio de incrementar cada vez más el acervo cultural, que con mucho agrado se ha brindado a los mejores resultados en este presente, modesto, trabajo investigativo. Uno de los principios básicos y rectores de nuestro ordenamiento jurídico penal es el principio de la legalidad, que se manifiesta en el apego de los Jueces a la taxatividad de las normas y a evitar las interpretaciones tacitas para procurar así no desnaturalizar el sistema. Que a efecto de solucionar esta total desprotección de los agraviados se hace necesario que los Jueces al emitir sus fallos, adopten criterios de proporcionalidad al daño causado a los agraviados, siendo de este modo que los agraviados juega un rol imprescindible, relevante en la medida que los Jueces Penales tomen conciencia del daño moral y psicológico causado a los agraviados, al no restituirse el daño en cuanto al incumplimiento de la reparación civil derivada de un hecho punible, en el presente caso el del delito de robo agravado. En suma, es de interés descubrir que ocurre en la praxis judicial en cuanto la reparación civil, su desproporción y el incumplimiento efectivo de pago en valor económico a los agraviados de nuestra sociedad, conllevando por el lado eficaz el gran aporte que puede representar a favor de la pronta Administración de Justicia.