El principio de proporcionalidad constitucional en la regulación de las penas en el código penal peruano - 2017

Abstract

La investigación realizada se ha circunscrito en un tema de actualidad y relevancia en el derecho penal, específicamente, en la regulación de las penas en el Libro II del Código Penal. Debe entenderse que dicha regulación de penas debe ser compatible con los principios que inspiran al Estado Constitucional de Derecho. Nuestro interés que motivó la investigación se fundó en el sentido de señalar o formularnos la siguiente interrogante ¿cuál es el criterio orientador para que el legislador o entes productores de normas jurídicas de naturaleza penal establezcan las penas por cada uno de los bienes jurídicos protegidos en la ley penal?. Inquietud que se planteó y desde luego tuvo respuesta en el contexto de un Estado Constitucional de Derecho, caracterizado por la suprema de la Constitución y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Para describir y formular como problema de investigación lo antes mencionado, ha sido muy útil recurrir a la doctrina constitucional, proporcionándonos aspectos teóricos importantes respecto al principio de proporcionalidad y de los tres sub principios que la conforman, como la idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad propiamente dicho. Precisamente, dichos aportes teóricos contribuyeron para afirmar al término de nuestra investigación que la aplicación del principio de proporcionalidad constitucional influye significativamente en la regulación de penas en el Código Penal. En ese orden de ideas, se debe señalar que, los datos que alimentaron la formulación del problema general y específicos del presente trabajo fueron demostrados con las respuestas dadas a los mismos, tanto en la hipótesis general y específicas, más aún, si los objetivos propuestos han sido corroborados enteramente conforme se trasluce en las conclusiones arribadas en la presente investigación. Por último, afirmamos que las conclusiones y sugerencias realizadas demuestran que el problema planteado merece una atención urgente por parte del legislador o productores de normas de carácter penal, tanto en su labor de propuesta, debate y aprobación de los mismos, todo ello con la finalidad de garantizar su legitimidad y consolidar la seguridad jurídica en nuestro país.