El contrato de fideicomiso: regulación y perspectivas de desarrollo en el Distrito Judicial de Lima el año 2016

Abstract

El fideicomiso constituye uno de los instrumentos financieros más utilizados y difundidos en los países de la Comunidad Andina, por su fácil adaptabilidad a innumerables negocios jurídicos. Su introducción en los países miembros de esta organización latinoamericana fue realizada en distintos años: Bolivia (1928), Perú (1931), Colombia (1971) y Ecuador (1993), con el objetivo principal de brindar un mecanismo práctico para la gestión patrimonial familiar, empresarial y financiera de bienes ajenos. En cada uno de los países andinos, bajo la influencia e inspiración del trust angloamericano, el legislador ha regulado el fideicomiso con una estructura y funcionamiento que integra elementos comunes con los fideicomisos de estos países, pero que también distingue notas propias de la figura, a causa de su adaptación a la situación económica y social de cada país. De esta manera, el actual marco legal que implementa nuestro país, específicamente en Lima, posibilita que el fideicomiso sea empleado para realizar distintos negocios y operaciones económicas, tanto inter vivos como mortis causa, ya que este contrato permite a una persona transferir la propiedad de cualquier tipo de bien a otra persona para que con ellos realice la finalidad que le ha sido encomendado en el contrato y administre los bienes de manera separada al patrimonio de aquél. Los particulares, las empresas, las entidades públicas y privadas, así como la sociedad en su conjunto acuden a su utilización especialmente por tres razones: la protección jurídica que brinda a las partes del contrato, la certeza y seguridad para responder al cumplimiento del fin perseguido con el fideicomiso, y por la flexibilidad de su estructura para acomodarse a las necesidades y expectativas de los sujetos que intervienen en el contrato.