La inadmisibilidad del recurso de apelación de sentencia y la observancia de los derechos de defensa y pluralidad de instancias.

Abstract

Desde el año 1993 ha entrado en vigencia en nuestro país la Constitución Política del Perú, la misma que nos sirve de guía hasta la actualidad, dentro de este cuerpo normativo se encuentra el artículo 139, éste prescribe lo referente a los derechos y principios de la función jurisdiccional. Dentro del artículo en mención observamos el derecho a contar con una defensa adecuada así como el de pluralidad de instancias, derechos no sólo reconocidos en la Constitución, sino también en instrumentos internacionales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que deben de ser garantizados ante todo.

Sin embargo, lo prescrito por el inciso 3 del artículo 423 del Código Procesal Penal, permite una clara vulneración y restricción de los derechos arriba mencionados y esto porque ante la inasistencia del imputado a la audiencia de apelación de sentencia se sanciona con la inadmisibilidad del recurso interpuesto, no obstante el propio Tribunal Constitucional ha señalado que la presencia del imputado no es necesaria para la realización de la audiencia pues él no es el encargado de fundamentar la apelación, a lo que se debe agregar que dicha inadmisibilidad se debe materializar únicamente con la inasistencia del imputado y al mismo tiempo de su abogado defensor aunque no exista disposición normativa que regule tal situación, ello en mérito a la interpretación que de dicho artículo ha hecho el Tribunal Constitucional.

Y decimos esto, porque los magistrados de las Salas Superiores no son los únicos que deben de garantizar el respeto irrestricto de derechos reconocidos en la Constitución, sino también lo deben hacer los representantes del Ministerio Público en atención al principio de objetividad que rige su función, y lo que es más importante aún, serán los abogados defensores los encargados de velar por el respeto y garantía de éstos.

Pero qué sucede si el actuar de los tres sujetos procesales arriba mencionados no es el adecuado y por esa razón un ciudadano se queda con una sentencia condenatoria de primera instancia sin pasar revisión de un órgano superior, o peor aún, qué sucede si un sentenciado ha confiado en la labor de su abogado defensor y ha terminado siendo el más perjudicado.

La respuesta es sencilla, quedará con una sentencia que lo condena a varios años de cárcel u otra sanción pues en la audiencia de apelación de sentencia no había quién oralice el recurso impugnatorio admitido previamente por escrito y no podrá obtener una respuesta satisfactoria por parte del Tribunal Constitucional ya que éste recientemente ha emitido una sentencia interlocutoria mediante la cual se declara improcedente una pretensión similar pese a estar en juego la libertad personal y los derechos de defensa y pluralidad de instancias.

Since 1993 it has entered into force in our country the Constitution of Peru, the same that guides us to the present, within this regulatory body section 139 is, it prescribes regarding the rights and principles judicial function.Within the article in question observe the right to have an adequate defense and the plurality of instances, not only recognized in the Constitution, also they are in international instruments such as the American Convention on Human Rights and the International Covenant on civil and Political, so that should be guaranteed to all.

However, prescribed by paragraph 3 of Article 423 of the Criminal Procedure Code allows a clear violation and restriction of the above rights and this because with the absence of the accused to the appeal hearing sentencing is sanctioned by the action inadmissible filed, however the Constitutional Court has indicated that the presence of the accused is not necessary for the conduct of the hearing because he is not responsible to base the appeal, to which must be added that the inadmissibility should materialize only with the absence of the accused while his defense attorney although there is no legal provision governing this situation, this merit to the interpretation of that article the Constitutional Court has done. We say this because the judges of the Superior Courts are not the only ones who need to ensure full respect of the rights recognized in the Constitution, but so must the public prosecutors in regard to the principle of objectivity that governs its function, and what is more important, defense lawyers will be responsible for ensuring respect and guarantee these.

But what happens if the act of the three procedural subjects above is not adequate and for that reason a citizen is left with a conviction of first instance without going review of a superior body, or worse, what happens if a convicted has relied on the work of his defense lawyer and has ended up being the most affected. The answer is simple, stay with a sentence that condemns him to several years in prison or other sanction as in the appeal hearing sentencing was not who base the appeal contesting previously admitted in writing and can not get a satisfactory answer by the Court constitutional since it has recently issued an interlocutory judgment in which it declared inadmissible a similar claim at stake despite being personal freedom and the rights of defense and plurality of instances.