La Aplicación de la Prisión Preventiva y los Delitos Contra la Administración Pública como Transgresión de los Derechos Fundamentales de los Procesados en el Perú, Periodo 2002 al 2016

Abstract

Nuestra investigación tiene su origen en la certeza de que el Derecho Penal y Procesal Penal están parcialmente deslegitimados, vale decir, no reconocidos como válidos y efectivos en la realidad para resolver sus propios fines: la justicia penal, el bien común, la defensa de los derechos fundamentales; de tal forma que se ha convertido en una aporía: un problema irresoluble. Para probar aquello hemos elegido un tema y problema específico más pequeño: “La aplicación de la prisión preventiva y los delitos contra la administración pública como transgresión de los derechos fundamentales de los procesados en el Perú, periodo 2002 al 2016”, tomando como unidad de estudio a los procesados. 1.- Nuestros objetivos han sido demostrar que existe una transgresión a los derechos fundamentales de los procesados por la aplicación ilegítima de la prisión preventiva (afectación individual) y de los delitos contra la administración pública (afectación colectiva), puesto que la prisión preventiva se aplica mayoritariamente transgrediendo su carácter de “excepción”, vulnerando el principio de presunción de inocencia; así mismo demostrar que en la aplicación de los delitos contra la administración pública no existe “equivalencia” entre el bien jurídico vulnerado por el delito (bienes o servicios públicos, patrimonio público, poder público) y el bien jurídico vulnerado (libertad, salud, vida) por la sanción penal (prisión). 2.- El alcance de nuestra investigación es descriptiva, exploratoria y explicativa. 3.- La metodología utilizada ha sido primero, la recopilación y selección de datos (doctrina, normas, sentencias y estadísticas), determinar el problema, la pregunta significativa, los objetivos, determinar las variables, su operacionalización, realizar el análisis de datos de 281 sentencias del Tribunal Constitucional, como instrumentos. 4.- Nuestros resultados arrojan que un 95.06 % de las sentencias del Tribunal Constitucional confirman la prisión preventiva impugnada; asimismo un 82 % de las sentencias declaran infundadas e improcedentes la libertad en delitos contra la administración pública. 5.- Nuestras conclusiones arrojan que se ha deslegitimado la aplicación de la prisión preventiva y de los delitos contra la administración pública, puesto que se transgreden los derechos fundamentales a la libertad, salud y vida.