Informe de las atribuciones, funciones y conducta funcional ética de la autoridad política - subprefecto distrital; para el otorgamiento de garantías personales, para una gestión pública efectiva

Abstract

Actualmente, se requiere proyectos institucionales y curriculares integradores y flexibles, que admitan una formación integral que comprenda competencias académicas, personales y de desarrollo social, así como competencias emprendedoras e inclusivas. La universidad moderna, guiada por la idea kantiana de razón y la noción humboldtiana de cultura, es la institución más valiosa de formación competitiva del estudiante. Con las ilustraciones teóricas y prácticas adquiridas en nuestra vida universitaria, estamos aptos para ejercer nuestra vida profesional enmarcados en la ética, deontología y competitividad en la praxis profesional como futuro abogado. La gestión pública efectiva consiste en la correcta administración de los caudales del Estado para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, en ese sentido para el presente informe a los solicitantes de las garantías personales, también se le denominará, administrados o usuarios; por lo tanto, en una sociedad democrática, como la nuestra se debe garantizar la eficacia y eficiencia en la atención a los administrados, satisfaciendo las necesidades de la población en general con capacidad de respuesta ante la complejidad de las dificultades que surgen cotidianamente en el ámbito de la administración pública; siendo la gestión pública efectiva el medio responsable de la elaboración y desarrollo de estrategias para consumar una acción beneficiosa y competitiva para el desarrollo integral y permanente de los administrados. Por lo tanto, la gestión en comento debe elaborar y aplicar políticas públicas beneficiosas para el bienestar general; debiendo emplearse una serie de prácticas, procesos, y metodologías específicas para que la implementación y evaluación de dichas políticas se efectúe articuladamente, con responsabilidad compartida entre las instituciones estatales y las organizaciones sociales, satisfaciendo convenientemente las peticiones de los ciudadanos. Uno de los objetivos de la gestión pública efectiva reside en llevar a cabo las tareas del Gobierno y cumplir a través de las instituciones públicas, los compromisos asumidos; buscando fortificar la capacidad funcionarial de “los gobiernos” (nacional, regional, provincial y distrital), y sostenerlos mediante la cooperación intergubernamental. Una gestión pública efectiva es garantía de óptimo desempeño de todas aquellas labores administrativas en cualquier ámbito del Estado. En ese sentido, en el seno del Poder Ejecutivo peruano se cuenta con la presencia y el funcionamiento de un órgano desconcentrado denominado Dirección General de Gobierno Interior (DGIN), organismo ejecutor del Ministerio de Interior, cuya misión es fortalecer la presencia del Estado, a través de las “autoridades políticas” para garantizar la implementación de políticas nacionales y sostener la gobernabilidad. Desde mayo del 2016 (Ley N.° 30438, 2016, artículo 13°), a las autoridades mencionadas en el párrafo anterior se denominan prefecto regional, subprefecto provincial y distrital, además de los tenientes gobernadores, quienes personifican al Poder Ejecutivo en el ámbito de su jurisdicción de acuerdo de su competencia, contribuyen al orden público, la gobernabilidad y la paz social. Estos son funcionarios de confianza y para su designación no requieren haber nacido en la jurisdicción en la que son designados, debiendo tener residencia por un año como mínimo en la región, provincia o distrito según corresponda; instituyendo en sus reglamentos los requisitos, procedimientos de designación, competencias, funciones, atribuciones y prohibiciones de las autoridades políticas. Además, la DGIN, para la consecución de sus metas y objetivos institucionales, despliega una cantidad considerable de autoridades políticas en el territorio nacional, implementando políticas nacionales para la “disminución de la conflictividad real o potencial”, entre los ciudadanos brindando garantías personales e inherentes al orden público.

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De la revisión bibliográfica concerniente a la labor desplegada por las denominadas “autoridades políticas”, se evidencia la carestía de investigaciones, informes, ensayos, monografía, artículos, etc.; a pesar de su papel importante, tanto en representación del Poder Ejecutivo, como también en su papel de intermediarios entre este y los ciudadanos de agrupamientos poblacionales rurales. Consiguientemente a través del presente informe, pretendo compendiar la normatividad concerniente a las autoridades políticas y contribuir en la comprensión de la naturaleza y el desempeño intra obligacional de sus atribuciones, funciones y conducta funcional ética de los subprefectos distritales en el otorgamiento de garantías personales, para una gestión pública efectiva.