Control judicial del presupuesto de flagrancia delictiva en el requerimiento de prisión preventiva Huacho-2018.

Abstract

La institución jurídica de prisión preventiva, regulado en el artículo 268° del Código Procesal Penal, como medida de ultima ratio requiere de certeza y alto grado de probabilidad de los supuestos materiales: a) suficientes elementos de convicción de que el imputado haya intervino en el delito, b) la sanción supere los cuatro años y c) exista peligro de fuga u obstaculización. En vista que la justicia es lenta y frente al clamor mediático popular, los requerimientos fiscales de prisión preventiva y el control de los presupuestos de la flagrancia por el juez, adolecerían de una debilidad de argumentos esgrimidos y debida motivación, tanto en el escrito como en la sustentación oral, prosperando la solicitud de dicha medida coercitiva y gravosa; prueba de ello, nos lo dice la estadística penitenciara, más del 50% de la población penal se encuentran en calidad de procesados. De ahí que se quiera saber si la formulación del requerimiento fiscal de prisión preventiva cumple con los requisitos de formalidad que garantice un debido proceso y según la prognosis del juez, luego de haber llevado a cabo un debido control de la flagrancia delictiva, quede plenamente convencido que el imputado merecerá una sanción penal privativa de la libertad conforme manda la doctrina jurídica sobre el particular. Ya que, está en juego el derecho constitucional de la libertad personal protegida por Pactos Internacionales de Derechos Humanos.