La Jornada Laboral en la Policía Nacional del Perú de 24 por 24 horas y la vulneración a Derechos Constitucionales

Abstract

La presente investigación aborda la realidad problemática que presenta el régimen especial de la Policía Nacional del Perú en cuanto a su jornada laboral específicamente en el horario de 24 por 24 horas que se encuentra prevista en el Reglamento de Horarios y Turnos de Trabajo en el Régimen de Servicio a Dedicación Exclusiva de la Policía Nacional del Perú, aprobado por la Resolución Directoral N° 12-2016-DIRGEN/EMG-PNP de fecha 19 de enero de 2016 y que es aplicada a un gran número de efectivos, pues debemos aclarar que en dicho documento también se incluyen otros jornadas laborales, es decir, diferentes horarios.

La Constitución Política del Perú señala en su artículo 25° que la jornada de trabajo máxima diaria es de ocho horas y semanal de 48 horas, sin embargo también estipula la jornada atipa que no es más que una acumulación de horas que en un promedio de tres semanas no debe exceder el máximo semanal, interpretación que la realiza el Tribunal Constitucional en sentencia por el caso del Asentamiento Minero Toquepala Expediente N° 4635-2004-AA/TC. En la misma línea, debemos señalar que la aplicación de un jornada razonable implica la garantía del goce de otro derechos constitucionales que se ven estrechamente relacionados con su implementación, entre ellos tenemos el derecho a la salud, al disfrute del tiempo libre, al descanso, a la igualdad y a la protección familiar.

Analizaremos las diferentes jornadas laborales de la policía en el derecho comparado y la realidad problemática tanto social como jurídica de nuestro país para brindar una propuesta viable que permita el respeto de los derechos constitucionales de los miembros de dicha institución.

La finalidad de esta investigación es demostrar que la aplicación de la jornada laboral de 24 por 24 en la PNP es trasgresora de derechos fundamentales que se encuentran reconocidos por nuestra carta magna y que merece la atención debida por parte del Poder Legislativo a fin de que exista una regulación con rango legal para fijar jornadas laborales que respeten los derechos fundamentales.