Evaluación del modelo de valor compartido como mecanismo de seguridad jurídica en la zona de influencia de la inversión minera en el Perú

Abstract

En la industria minera, con total frecuencia se desencadenan conflictos socio ambientales producto de las relaciones entre la participación de tres actores: empresa minera, comunidad campesina y gobierno (Estado). Dichas relaciones sufren un quiebre en sus negociaciones entre otros factores por el desconocimiento e incumplimiento de acuerdos, la necesidad de incorporar nuevos beneficios, el lucro de ciertos sectores privados, la contaminación ambiental, sectores sociales no beneficiados y la injerencia política. Todo ello desencadena en un conflicto socio ambiental que paraliza: la operación minera de la zona, las actividades económicas de las localidades de influencia directa e indirecta, por ende, también genera pérdidas económicas a nivel local y al país, generando así la afectación a los derechos fundamentales de todos los involucrados. Analizando el contexto que involucra a todos los actores y factores que desencadenan dichos conflictos, siendo uno de los problemas principales la falta de un esquema que incorpore los lineamientos del modelo de valor compartido dentro del marco regulatorio minero socio ambiental vigente. Que involucre la aplicación del modelo de valor compartido en los diferentes instrumentos regulatorios que requiere la operación minera para la obtención de los permisos, donde contemple a todos los actores. Si bien es cierto ya contamos con un marco regulatorio que entre otros aspectos también define el accionar social ambiental minero como es el DS N.° 040-2014-EM (reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de exploración, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero), el mismo que no llega a valorizar, definir las formas y lineamientos que brinda un modelo de valor compartido entre todos los actores. Esto, para garantizar que las evaluaciones, estudios del sector en donde se implementara una operación minera pueda abarcar todas las necesidades y evaluar el accionar de las mismas. Y así, todo quede acordado entre las partes y de no cumplir con dichos lineamientos aplicar los mecanismos jurídicos para restablecer el orden, con ello garantizaríamos el respecto a los derechos fundamentales.