Nulidad de cosa juzgada fraudulenta y pretensión aparente de la revisión del fondo del caso en los juzgados civiles de la región Ucayali, 2015-2022

Abstract

La Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta (NCJF) invocada para anular una sentencia originada por fraude procesal que afecta el debido proceso, es una figura que no cumple su finalidad, es por ello que, la presente investigación tuvo como objetivo demostrar que la NCJF incoadas en los juzgados civiles de la región Ucayali tienen como pretensión aparente la revisión del fondo del caso en el periodo 2015-2022. Para ello se hizo un estudio de nivel de investigación básico, con enfoque cualitativo y cuantitativo, cuyo diseño de investigación fue no experimental de tipo transversal, explicativo y retrospectivo. La población estuvo conformada por 107 expedientes de NCJF de los órganos jurisdiccionales de la región Ucayali presentados, tramitados y/o resueltos durante el periodo 2015-2022 y 2300 abogados; la muestra, para obtener los datos cualitativos, estuvo conformada por las 07 sentencias que resolvieron el fondo de la controversia; y la muestra para obtener datos cuantitativos estuvo conformado por los 107 expedientes de NCJF (muestra censal) y la segunda muestra estuvo conformada por 20 abogados litigantes en materia civil. La técnica usada fue el análisis documental y la encuesta; y los instrumentos usados fueron la ficha textual y el cuestionario respectivamente. Los resultados fueron que en la región Ucayali en el periodo 2015-2022 fue demostró que las demandas incoadas tienen como pretensión aparente la revisión del fondo del caso o revivir el proceso fenecido; la principal causa que se invoca en las demandas de NCJF es la colusión o fraude bilateral en un 57%; el 71% de los casos (76) son declarados improcedentes, siendo el principal presupuesto de improcedencia de las demandas que en el 58% no existe una conexión lógica entre los hechos y el petitorio, 20% por caducidad de plazo, 16% por convalidación; 3% por falta de legitimidad o interés para obrar; 3% por incompetencia y 1% por petitorio jurídicamente imposible; el porcentaje de demandas que argumentan y prueban el fraude o colusión es el 3% (03) de los 107 casos; y que el nivel de conocimiento de los abogados fue 35% bajo; 50% medio y 15% alto.