Impactos socioeconómicos del proceso de titulación y registro de tierras rurales en el Perú desde la reforma agraria

Abstract

La estructura agraria actual y el contexto jurídico de la propiedad rural en el Perú es uno de los resultados del proceso de la reforma agraria emprendida por el régimen militar desde 1969 hasta aproximadamente 1976. Esta reforma alteró drásticamente las condiciones jurídicas y económicas sobre la propiedad y conducción de la tierra en el país sobre la base de principios redistributivos y de desmontaje del poder económico de la élite terrateniente. Del conjunto de tierras expropiadas durante las tres décadas comprendidas entre los años 1960 y 1990 (aproximadamente 9.5 millones de hectáreas) 550 000 hectáreas fueron tierras bajo riego, 660 000 hectáreas de secano y 6.4 millones de hectáreas de pastos naturales. Estas cantidades correspondían al 50% de las tierras bajo riego; 43% de las de secano y 23% de los pastos naturales existentes a 1972. En conjunto, la tierra expropiada correspondió a 30% de la tierra agrícola y de pastos naturales del país. Asimismo, el proceso implicó la expropiación de 1.7 millones de cabezas de ganado, principalmente en las áreas de pastos naturales. Después de la conformación de las denominadas cooperativas agrarias y su posterior fragmentación durante la década del 80, la magnitud del problema de la titulación y registro de tierras tomaría dimensiones sorprendentes. De acuerdo a la información disponible de los propios registros públicos, más de 90% de los predios rurales no estaban registrados hasta 1990. Sin embargo, los datos más actuales hasta esa fecha pertenecían al censo de 1972, por lo que no quedaba claro cuál era el universo total de predios a nivel nacional; peor aún, se desconocía cuál era el universo registrable a esa fecha ya que una parte importante de los predios rurales no podían ser registrados por las prohibiciones de límites máximos y mínimos de reforma agraria así como por ser parte de tierras comunales (las cuales sólo podían inscribirse como territorio comunal en conjunto). Pese a ello, el Instituto Libertad y Democracia realizaría un estudio que corroboraría la afirmación anterior. El estimado del universo de predios así obtenido fue de 2.4 millones de predios, de los cuales 60 000 parcelas se habrían formado por el proceso de parcelación de las cooperativas (que en ese momento había avanzado en 65% del total de estas empresas) y 800 000 eran parcelas de posesionarios individuales al interior de las comunidades campesinas. Respecto a la estimación de predios no inscritos en los Registros Públicos, el estudio concluye que estos sumarían alrededor de 2.13 millones de predios a esa fecha, es decir 90% del universo total estimado, aunque a esa fecha sólo un 20% del total de predios podía inscribirse (es decir, de los predios inscribibles, sólo 50% lo estaba). Sin embargo, los cambios legislativos ocurridos aumentaron drásticamente el universo potencialmente registrable, a tal punto que de acuerdo a la Ley 26505 todos los predios manejados por individuos (sean de propiedad comunal u otros) son potencialmente registrables al haberse levantado todas las restricciones legales a la propiedad privada individual de la tierra.