Las sanciones administrativas en las contrataciones públicas: un estudio comparativo de Perú, Chile, Colombia y México

Abstract

El presente trabajo de investigación aborda sobre las sanciones administrativas en las contrataciones públicas, el estudio tiene un carácter comparativo en la que se analiza la normatividad peruana, chilena, colombiana y mexicana; para tal efecto la investigación desarrolla dos dimensiones, el primero la normatividad y la tipología de sanciones administrativas y la segunda el organismo encargado de sancionar y el procedimiento administrativo sancionador. La investigación se desarrolla como resultado a que las contrataciones públicas es el área más vulnerable a la corrupción y de existir mayor riesgo de situaciones de irregularidad tales como el soborno, los arreglos y direccionamiento de contratos con la finalidad de adjudicarse como ganador de la buena pro. EL OBJETIVO GENERAL de la investigación es: Analizar en forma comparativa las sanciones administrativas en las contrataciones públicas y el procedimiento administrativo sancionador en Perú, Chile, Colombia y México. LA METODOLOGÍA del presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, su diseño de investigación es jurídico – comparativo. El presente trabajo de investigación arribó a las siguientes CONCLUSIONES: I.- En el Perú las sanciones administrativas están reguladas en el artículo 50 de la Ley N° 30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341, en la que estipula que las sanciones administrativas son la multa, la inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva, mientras en México están regulados en los artículos del 59 al 64 y son la multa y la inhabilitación temporal finalmente en los ordenamiento jurídicos de Chile y Colombia no existe el capítulo de sanción administrativa dado a que se implementó el gobierno electrónico II.- En el Perú el órgano sancionador es el Tribunal de Contrataciones del Estado, en México es la Secretaria de la Función Pública, en Chile es el Tribunal de Contrataciones Públicas y en Colombia el interventor quien fiscaliza las actividades para que se haga con legalidad las adquisiciones de bienes, servicios y obras.