La incorporación del concepto del funcionario de facto en el código penal, como protección al principio de legalidad

Abstract

La presente investigación tuvo como objetivo general justificar la manera de fortalecer el principio de legalidad, con la inclusión del funcionario de facto en nuestra legislación nacional. De tal forma que la metodología es interpretativa, a través de una revisión de la jurisprudencia, utilizando la técnica del fichaje, para realizar una comparación en cuantoa la postura de distintos autores. El método que se aplicó en la investigación, es explicativa, en el sentido que se realizará la sustentación y se señalará cuáles serían las causas para poder incorporar al funcionario de hecho o de facto en nuestro código penal.Entre los resultados se precisa que existe regulación a nivel jurisprudencial acerca del funcionario de hecho, pero que dicha situación no resulta eficiente para sustentar una acusación y una posterior sentencia, a pesar de la afectación que se genera al Estado, puesexiste la posibilidad de alejarse incluso de la misma jurisprudencia. Asimismo, al ser el principio de legalidad, nuestra principal base para sindicar un delito, sería imprudente noincluir una figura tan importante a nuestro código sustantivo. Se concluye, que el delito cometido por un funcionario de hecho, acarrea una clara afectación al Estado al tener un contacto directo con el mismo, resultando desproporcional al no tener una calificación defuncionario público, la cual genera no solo una pena alta, sino un trato distinto a un sujetoactivo común.

The present investigation had as a general objective to justify the way in which the principle of legality was strengthened with the inclusion of the de facto official in our national legislation. In such a way that the methodology is interpretative, through a reviewof the jurisprudence, using the signing technique, to make a comparison based on the position of different authors and the method that was applied in the ongoing investigationis explanatory, in the sense that the support will be carried out and the causes will be indicated to carry out the incorporation of the de facto or de facto official in our penal code. Among the results it is specified that there is regulation at the jurisprudential level about the de facto official, but that said situation would not be efficient to support the affectation that is generated to the State when there is the possibility of moving away even from the same jurisprudence. Likewise, since the principle of legality is our main basis for establishing a crime, it would be imprudent not to include such an important figure inthe normative body. It is concluded that the crime committed by an official in fact, by causing a clear affectation to the State by having direct contact with it, is disproportionatenot to have a normal qualification as a public official, which generates not only a high sentence, but also a treatment different from a normal subject.