¿Complementariedad, reemplazo o interferencia? Relaciones entre Estado y ONG frente a la trata de mujeres mayores de edad con fines sexuales en La Pampa, Madre de Dios

Abstract

En el Perú, el reconocimiento de la problemática de la trata de personas se remonta al año 2001, con la suscripción del Protocolo de Palermo. A partir de ello, la trata de personas fue incorporada en el artículo 182° del Código Penal y el Estado se dispuso a elaborar mecanismos para luchar contra este delito. Así, nació el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, que fue el primer instrumento para luchar contra el tráfico y comercio de personas. Sin embargo, los altos precios del oro convirtieron a Madre de Dios en uno de los principales lugares de destino y explotación de víctimas debido a la gran presencia de campamentos de minería ilegal, los cuales tienen una relación directa con la trata de personas. Por ello, los estudios empezaron a centrarse en este departamento, en el que La Pampa resalta aún más, ya que es una zona de difícil acceso y el Estado está poco presente. En este panorama, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) comienzan sus acciones; es el caso de Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), y el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex). La literatura concerniente a la problemática de la trata de personas se centra principalmente en la capacidad estatal, por lo que existe un vacío en cuanto a investigaciones sobre el tipo de relación entre el Estado y las ONG en la atención de este problema. La presente tesis se sitúa precisamente en este campo de estudio y nace a partir de la interrogante sobre cómo es la relación que se establece entre el Estado y las ONG en el proceso de enfrentar la trata de mujeres. El principal hallazgo es que el Estado y las ONG actúan de forma involuntariamente complementaria. Es decir que no se lleva a cabo una coordinación estrecha que permita afirmar que se trata de una relación complementaria, aunque las acciones del Estado y las ONG contribuyen a la lucha contra este delito y convergen en este objetivo.