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Título: Informe Jurídico sobre el R. N. N° 341-2015
Campo OCDE: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Fecha de publicación: 16-ago-2021
Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
Resumen: El delito de colusión ha tomado mayor importancia en los recientes años debido a la cantidad de procedimientos de contratación pública que el Estado es capaz de suscribir. No obstante, aun existe cierta discusión o confusión en referencia a sus elementos y el bien jurídico que busca proteger, logrando que exista diversos tipos de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, algunos más polémicos que otros. Un ejemplo de ello, es el Recurso de Nulidad N° 341-2015, el cual plantea una concepción del delito de colusión restrictiva respecto a sus elementos. En el presente trabajo, realizamos un análisis de la resolución en mención. De esta manera, hemos identificado tres problemas jurídicos: i) el concepto de funcionario público para el cargo de Consejero de OSIPTEL; ii) la connotación del elemento “defrauda”; y, iii) el significado del contexto contractual requerido para el delito de colusión. Así, pues, mediante una revisión de la doctrina y jurisprudencia nacional, así como del análisis de tratados suscritos por el Estado en materia de lucha contra la corrupción, hemos logrado responder los problemas anteriormente señalados, obteniendo un resultado diferente a lo expresado en la resolución. Esto toda vez que, partimos del entendimiento que el bien jurídico de este delito es la imparcialidad del funcionario público, con lo cual no se requiere un perjuicio patrimonial al Estado, que el contexto contractual debe aplicar a todas las fases del procedimiento de contratación y, también, que el cargo de consejero cumple con los requisitos para ser considerado un funcionario público.

The crime of collusion has become more important in recent years due to the number of public procurement procedures that the State is capable of underwriting. However, there is still some discussion or confusion regarding its elements and the legal asset that it seeks to protect, resulting in various types of jurisprudential pronouncements in this regard, some more controversial than others. An example of this is the Appeal for Annulment No. 341-2015, which raises a restrictive conception of the crime of collusion with respect to its elements. In the present work, we carry out an analysis of the resolution in question. Thus, we have identified three legal problems: i) the concept of a public official for the position of Director of OSIPTEL; ii) the connotation of the element “defraud”; and, iii) the meaning of the contractual context required for the crime of collusion. Thus, through a review of the national doctrine and jurisprudence, as well as the analysis of treaties signed by the State in the fight against corruption, we have managed to answer the aforementioned problems, obtaining a different result than that expressed in the resolution. This since, we start from the understanding that the legal right of this crime is the impartiality of the public official, which does not require a patrimonial damage to the State, that the contractual context must apply to all phases of the contracting procedure and, also, that the position of director meets the requirements to be considered a public official.
Disciplina académico-profesional: Derecho
Institución que otorga el grado o título: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Derecho.
Grado o título: Abogado
Jurado: Quispe Meza, Daniel Simón; Chanjan Documet, Rafael; Rodriguez Vásquez, Julio
Fecha de registro: 16-ago-2021



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