La revisión del principio de culpabilidad en contratación pública: A propósito de la implementación de Programas de Cumplimiento como criterio de evaluación de la responsabilidad de las empresas

Abstract

Identifica al principio de culpabilidad como institución base, en el marco de la potestad sancionadora, para que en materia de contratación pública permita verificar la responsabilidad administrativa de las empresas que implementan programas de cumplimiento y de esta manera se garantiza progresivamente una mejor maximización de los recursos del estado mediante las contrataciones públicas. Para tal cometido, se tendrá por bien analizar las instituciones jurídicas más importantes que inspiran a la potestad sancionadora, partiendo del examen de los principios que lo limitan, principalmente a la culpabilidad como eje rector del presente trabajo, teniendo en consideración que la administración pública no tiene un criterio único al momento de determinar responsabilidad administrativa, toda vez que el análisis del elemento volitivo dolo-culpa y un sistema objetivo es potestad discrecional de toda entidad. Asimismo, se tendrá en consideración a los sujetos que forman parte del procedimiento administrativo sancionador, en el sentido que permitirá describir cuáles son sus competencias por parte de la entidad, cómo ha ido evolucionando su línea jurisprudencial en torno al principio de culpabilidad, y, por otro lado, cuáles son las consecuencias para los administrados contratistas de llevar un sistema o programas de cumplimiento. Del mismo modo, se describirá el panorama actual que exigen a las empresas contar con un sistema de cumplimiento, desde una esfera externa, como lo es la legislación penal que combate delitos de orden financiero y aquellos que atenten contra la administración pública, así como la legislación administrativa en materia de responsabilidad que sancionen a las personas jurídicas; de la misma manera, se tendrá en cuenta la esfera interna de la propia empresa para lograr una autorregulación, automonitoreo y/o auto fiscalización de sus propios programas de cumplimiento que permitan una mejor gestión en la evaluación de riesgos, modelos de prevención, y una mejora continua de dichos modelos. Finalmente, se abordará el propio examen de culpabilidad cuando las empresas hayan cumplido con la implementación de un programa de cumplimiento, principalmente en los actos preparatorios, procedimiento de selección y, procedimientos administrativos sancionadores donde el Tribunal de Contrataciones del Estado deberá evaluar la diligencia al momento de verificar la infracción y determinar la posibilidad de atenuar, agravar o eximir de responsabilidad, bajo el criterio aplicación de la responsabilidad administrativa subjetiva (basado en la teoría “defecto en la organización”) en las personas jurídicas.