La cadena perpetua en el Estado Social y Democrático de Derecho

Abstract

Demuestra que la cadena perpetua, como pena incorporada en la legislación peruana, no cumple los fundamentos político criminales garantistas que orientan la finalidad de la pena en un Estado social y democrático de derecho. Al respecto se consideraba que la cadena perpetua no permitía esa resocialización del penado, toda vez, que su proyecto de vida se truncaba al no tener esperanza de poder salir del penal. Sin embargo, con posterioridad mediante el D. Leg. 921 se incorporaría el artículo 59-A al Código de Ejecución Penal, permitiendo la revisión de la cadena perpetua a los 35 años de haberse purgado pena. El Tribunal Constitucional máximo intérprete de la Constitución estableció que la cadena perpetua al ser revisable, ya se encontraba en consonancia con la Constitución Política del Perú; sin embargo, existen posiciones que señalan que la revisión a los 35 años, es prácticamente una cadena perpetua, ya que tomando como referencia la edad del interno, no existirá la posibilidad de egresar del establecimiento penal, precisándose que la cadena perpetua sería peor que la pena de muerte, toda vez que la primera en buena cuenta sería como una muerte en vida. En el Perú, existe una tendencia a incrementar la cadena perpetua, incluso a través de los años desde el 2017 hasta el 2021 se verá como existe un incremento de personas condenadas a cadena perpetua, de acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por el propio INPE; e incluso los legisladores también presentan proyectos de leyes, para incorporar la cadena perpetua a más delitos, medida que resulta populista, sin embargo, la tasa de criminalidad ha seguido en aumento.