Usos y abusos de la prueba de oficio en el proceso penal peruano (2007-2019)

Abstract

En los últimos tiempos se ha discutido mucho acerca de la facultad judicial reconocida en el artículo 385.2 del CPP de 2004 que faculta a los jueces a ordenar prueba bajo determinadas circunstancias siempre que ello asegure la obtención de información para decidir en un proceso penal. La discusión se ha centrado en analizar si aquella facultad judicial es constitucional o no, o si vulnera principios del proceso penal. Se ha partido para ello de algunos tópicos relacionados con el modelo procesal penal y en el paradigma que representa el juez como buscador de la verdad o como tercero neutral en la búsqueda de las pruebas. Lo que hemos identificado en la presente investigación es que más allá de la discusión sobre los modelos procesales, o del paradigma del juez que podemos defender, la aplicación misma del art. 385.2 limitada por presupuestos legales específicos, no ha sido verificada ni cumplida a cabalidad; al punto tal que, en las ocasiones en que los jueces han decidido aplicar la prueba de oficio, no han justificado el cumplimiento de los presupuestos legales que la institución establece. Por ello, esta investigación analiza los presupuestos de aplicación de la prueba de oficio en nuestro país y pone el acento en que si estamos ante una facultad judicial excepcional, su uso ha de estar plenamente justificado en los propios términos que exige el art. 385.2 del CPP; pues de lo contrario se afectarían de manera concreta principios del proceso penal y se desdibujaría el rol de los sujetos procesales con graves perjuicios para las partes y para el proceso penal de nuestro país.