Los privilegios del Estado en el proceso civil, ¿vulneran el principio de igualdad procesal?

Abstract

La participación del Estado en un proceso civil no solo se limita a la representación de este a través del juez, sino que también, el Estado puede actuar como demandante o demandado dentro del proceso civil. Esta participación debe cumplir con las normas y principios reconocidos en el ordenamiento jurídico, siendo uno de los más importantes el denominado principio de igualdad procesal. Según este principio, las partes procesales deben tener las mismas oportunidades para defender sus pretensiones. No obstante, el mismo Código Procesal Civil le ha reconocido al Estado una serie de privilegios que tendrían como finalidad la aparente protección y promoción del bien común. Sin perjuicio de ello, el objetivo de la tesis es analizar si efectivamente estos privilegios tienen como fin asegurar el bien común, o si por el contrario, se tratan de beneficios concedidos a favor del Estado que no tienen una justificación válida y vulneran por tanto el principio de igualdad procesal. Para llevar a cabo el análisis, se consideró conveniente utilizar el método de investigación deductivo; es decir, partir de una idea general a una específica. En virtud de ello, en el primer capítulo se estudia la figura del Estado, su finalidad y cómo este actúa dentro de un proceso civil. Luego, en el segundo capítulo, se analiza las implicancias del principio de igualdad dentro del proceso civil. Finalmente, en el tercer capítulo, se aborda cada uno de los “privilegios” otorgados por el legislador en el Código Procesal Civil, con la finalidad de determinar si son una ventaja no necesaria o una prerrogativa. El estudio se fundamenta en fuentes doctrinales, jurisprudenciales y normativas. En cuanto a las primeras, se acudió a las obras de Juan Monroy, Marianella Ledesma, Luis Castillo, entre otros. Respecto a las fuentes jurisprudenciales, se analizó sentencias tanto del Tribunal Constitucional, como de la Corte Suprema de Justicia. Por último, las principales fuentes normativas han sido la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Civil y el Decreto Legislativo N° 1440°. Para finalizar, el autor considera necesario mencionar que la mayor dificultad en el desarrollo de la presente investigación, ha sido que, las normas en las cuales el legislador ha otorgado los mencionados “privilegios” al Estado, no mencionan los motivos que justifican la emisión de estos. Frente a ello, se intenta deducir los argumentos que justificarían el otorgamiento de dichos “privilegios”, para a partir de ello, concluir si vulneran o no el denominado principio de igualdad procesal.