La vinculación de los poderes públicos al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y el deber de justificación de las decisiones normativas del legislador

Abstract

El presente trabajo es el resultado de la investigación acerca de la vinculación de los poderes públicos al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y el deber de justificación de las decisiones normativas del legislador. Para lo cual, se analizan los mandatos que impone la Constitución a los tres clásicos poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en referencia al derecho fundamental a la ejecución de las resoluciones judiciales, como parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El deber de justificación de las decisiones normativas del legislador, como expresión de un Estado Constitucional de derecho, sustentado en la Constitución y desarrollado en el procedimiento de elaboración normativa previsto en el Reglamento del Congreso. Así como de la vinculación del legislador a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la posición primus inter pares del Tribunal respecto a la interpretación de la Constitución en relación a los poderes del Estado y la posibilidad que el legislador bajo determinadas situaciones pueda mostrar válidamente su disconformidad o apartamiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El estudio de la doctrina, legislación y jurisprudencia, no permite concluir que, si para el cumplimiento de una decisión judicial, se requiere de un desarrollo legislativo o de disponibilidad presupuestaria, el legislador, en principio, no podrá legislar en contra del derecho fundamental reconocido.