Análisis a la figura del acuerdo de paz a la luz del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional: el caso colombiano

Abstract

La tesis analiza la figura del acuerdo de paz colombiano, desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional. Asimismo, se estudia la eficacia del Derecho Internacional Público en la solución de conflictos armados internos. Entre los objetivos que se busca resolver en la investigación están: medir el papel del Derecho Internacional Público dentro de un proceso de paz; evaluar qué instrumentos complementarios, como la Corte Penal Internacional, pueden utilizarse dentro de un proceso de paz; y determinar los mecanismos de cumplimiento o reclamación de responsabilidad en caso de incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. El estudio utiliza una metodología cualitativa de la investigación. Así, se utilizan procedimientos interpretativos y analíticos de libros, artículos de revistas, artículos de noticias, entre otras fuentes. Además, se realiza una comparación jurídica entre instrumentos y sistemas jurídicos para detectar el tratamiento brindado al objeto de investigación, y la forma que puede ser adaptado a otras realidades. Asimismo, se trabaja con las principales fuentes del Derecho, tanto del ámbito nacional como internacional. Luego del análisis desarrollado a lo largo de este trabajo, se concluye que la responsabilidad penal del individuo en conflictos armados internos busca garantizar el respeto por el DIH y satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas. Además, que es deber de los Estados incorporar en sus legislaciones domésticas mecanismos que permitan la investigación y el juzgamiento de los autores de tales delitos, lo cual no exime la posibilidad de que puedan ser procesados en sede internacional. De igual forma, el derecho a la paz, la justicia transicional y el derecho a la verdad son tres factores que ayudan a la reconciliación nacional y a una cultura de paz estable y duradera. Por ello, los Estados deben implementar instrumentos jurídicos pertinentes a un proceso de transición.