Informe para la sustentacion de expedientes: 00012-2009 / 0521-2018/CC2

Abstract

El presente trabajo tiene como objeto el análisis de los principales problemas jurídicos ventilados en el proceso de divorcio por causal de adulterio, iniciado por TSM contra ASR, así como el procedimiento administrativo sancionador en materia de protección al consumidor, en el que MLT formula denuncia contra la empresa Gloria por presunta infracción al deber de inocuidad.

En el primer proceso, la controversia gira en torno a determinar si el demandado ha incurrido en la causal de adulterio, así como si los menores mencionados fueron procreados por éste durante la vigencia del matrimonio, y si la demandante tenía conocimiento de la existencia del último hijo extramatrimonial. Por tanto, se plantea la imposibilidad del derecho de acción de la demandada, en virtud al artículo 336 del código civil. Se abordarán temas en torno a la controversia planteada, así como un análisis respecto a la correcta aplicación normativa en el caso concreto.

Respecto al segundo procedimiento, éste versa sobre la presunta infracción al deber de idoneidad del producto o de inocuidad, previstos en los artículos 18, 19 y 30 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por parte de la empresa denunciada y la falta de atención a reclamos. En éste, será relevante la adecuada imputación al proveedor de las presuntas infracciones, al analizar el fondo se tendrán resoluciones contradictorias sobre la acreditación de la infracción al deber de inocuidad. Se tendrá en cuenta la complejidad probatoria, que es desfavorable para el consumidor, la naturaleza de la transacción comercial y el producto puesto a disposición del consumidor; y será trascendental para la aceptación de la versión alegada, la actuación de la denunciante y la conducta del proveedor. Se resuelve bajo el Principio de Verdad Material, bajo el cual se tomarán en cuenta los alegatos y medios probatorios que generen un nivel de convicción, así como se verificará la aplicación de los indicios para acreditar la comisión de la infracción.