Hacia una regulación del proceso monitorio en el Proceso Civil Peruano

Abstract

Analiza el Proceso Monitorio desde un enfoque teórico que nos permita proponer la regulación de dicha institución procesal en nuestro país y generar lineamientos para su buena práctica, por ello también analiza como es regulada esta figura en los principales países de Europa y especialmente en Latinoamérica. Dicho análisis se realiza contrastando las ventajas de la estructura procedimental monitoria con la estructura de un proceso de conocimiento común. Sin duda, si hablamos de la naturaleza jurídica del Proceso Monitorio, existen diversas posturas, pues desde los juristas clásicos hasta los modernos no ha existido una posición uniforme. Ciertamente, es un campo en el que se seguirá debatiendo; nuestra intención es sembrar el interés en la regulación y análisis de esta figura en nuestro país que, a comparación de casi todos los países de Latinoamérica, no lo tiene en su ordenamiento jurídico. Uno de los objetivos de esta investigación es determinar cuál es la naturaleza jurídica más acorde a los orígenes y, con ello, plantear una postura crítica respecto a aquellas regulaciones que tergiversan la esencia jurídica del Proceso Monitorio. Por consiguiente, la propuesta legislativa respeta la finalidad por la cual fue creado este proceso. Esta investigación se desarrolla de acuerdo a un análisis deductivo, pues analiza la regulación internacional como fuente macro y abordamos las diversas características que la casuística de regulación en diversos países nos ha brindado. Es ineludible examinar las características jurídicas esenciales y secundarias del Proceso Monitorio para poder plantear una futura regulación en nuestro país. La propuesta legislativa de regulación del proceso monitorio en nuestro país es el producto final de esta tesis. Para ello, se analiza la realidad jurídica y social en contraste con el grado de efectividad que esta figura tuvo en otros países. Asimismo, se considera que el proceso monitorio tendrá efectos positivos, dado que es una herramienta procesal ágil que beneficiará a los órganos jurisdiccionales para aligerar la carga procesal y a los justiciables que resolverán su controversia jurídica en menos tiempo.