El ejercicio de la potestad punitiva de los gobiernos locales y su implicancia frente a las infracciones cometidas por los administrados: Caso municipalidad distrital Mariano Melgar

Abstract

La Potestad Sancionadora del Estado atribuida por el ordenamiento jurídico, son atribuciones para sancionar a los ciudadanos cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional, supuestos de hecho calificados como conductas ilícitas, pero dicha potestad sancionadora en la Administración Pública no está reconocida por la misma constitución política del Perú, la cual en su artículo 138° únicamente señala que “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.”. Cuando entra en vigencia la ley General del Procedimiento Administrativo, entra en vigencia también la potestad más aflictiva con que cuenta la administración para legítimamente gravar patrimonios, limitar o cancelar derechos o imponer restricciones a las facultades ciudadanas, por lo manifestado considero que como se debe guardar una garantía del interés general y otra garantía frente a los administrados en otras palabras una garantía del interés público y una garantía de los particulares, asegurando un mayor acierto y eficacia en la resolución administrativa. El Procedimiento Administrativo Sancionador constituye un procedimiento de carácter especial no es un potestad administrativa cualquiera, sino que forma parte de la potestad punitiva “ius puniendi” del estado, esto quiere decir que puede vulnerar derechos de los administrados en alguna parte del procedimiento como se puede observar en las distintas actuaciones que realizan las entidades públicas especialmente en los gobiernos locales, es por ello que en este trabajo se pretende proponer que se determine que a lo largo del mismo procedimiento no sólo se respeten las garantías propias del procedimiento administrativo común, sino que al mismo se añadan otras derivadas de la propia Constitución y del derecho constitucional de defensa que asiste a todos los ciudadanos. En el presente trabajo quiero tratar de explicar lo fundamental, que son las garantías de los derechos de la persona presuntamente responsable de una infracción administrativa; como el derecho a la presunción de inocencia y las garantías del derecho a intervenir en el procedimiento con conocimiento de la imputación y empleando los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes. Asimismo, proponer una solución para que el Procedimiento Administrativo Sancionador en los Gobiernos locales procesales, sean justos y equitativos. Finalmente luego de analizar la situación problemática de la presente tesis se quiere la necesidad de regular el ejercicio de la potestad sancionadora de os Gobiernos Locales y de fijar los parámetros de obligatorio cumplimiento que ésta deberá considerar al hacer uso de dicha facultad punitiva y por ultimo fijar disposiciones que regirán el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, estableciendo los criterios y actuaciones que la Administración deberá observar en el ejercicio de tal facultad, disposiciones que no vulneren los derechos fundamentales de la persona y sean reconocido por la doctrina constitucional y la jurisprudencia.