El análisis de calidad regulatoria como criterio de la legalidad en la eliminación de barreras burocráticas

Abstract

Es necesario tener regulación de calidad. Es decir, que las entidades de la Administración Pública impongan medidas idóneas, cuya generación de costos hacia los particulares se justifiquen en la mitigación de los efectos de un problema acreditado. De esta manera, resulta contraproducente el hecho de que las entidades de la Administración Pública impongan medidas carentes de razonabilidad. En ese sentido, la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, Ley Antibarreras), aprobada mediante D. Leg. n.° 1256, publicada el 8 de diciembre de 2016, dispone un control ex post de calidad regulatoria; en primer lugar, evalúa la legalidad de las medidas impuestas por las entidades de la Administración Pública, y superado éste evalúa la razonabilidad de las mismas. Para ello, téngase presente que éstos análisis están desvinculados, toda vez que a la fecha de la emisión de este decreto, la razonabilidad no era un criterio de validez impuesto a las entidades de la Administración Pública para la emisión de disposiciones administrativas; en consecuencia, la Ley Antibarreras, incluso en la actualidad, dispone la inaplicación solo para el caso del denunciante de una barrera burocrática carente de razonabilidad manifestada en una disposición administrativa. Sin embargo, existe un control ex ante de calidad regulatoria recientemente impuesto, a través del artículo 2 del D. Leg. 1310, publicado el 30 de diciembre de 2016, cuyo reglamento fue publicado el 5 de abril de 2019. A través de esta normativa se impone la exigencia a los Ministerios y Organismos Públicos del Poder Ejecutivo de realizar un Análisis de Calidad Regulatoria sobre los procedimientos administrativos a su cargo, así como de los requisitos y cobros exigidos en estos. Es por ello que, a través de la presente investigación se evaluará si es que el Análisis de Calidad Regulatoria dispuesto por el D. Leg. 1310 y su Reglamento, responden a un análisis integral ex ante de barreras burocráticas. Asimismo se planteará una solución jurídica a fin de que las barreras burocráticas contenidas en disposiciones administrativas carentes de razonabilidad sean eliminadas con efectos generales y no solo para un caso concreto. De esta manera, se observan problemas concretos generados por la regulación actual, materializados en costes económicos tanto para los particulares ante el dilema de seguir un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas previamente declaradas carentes de razonabilidad, o soportar las cargas administrativas que éstas generan; así como costes para la propia Administración Pública, al tener que seguirse un procedimiento administrativo en el que indefectiblemente se decidirá a favor del particular denunciante. Todo ello a través de la visión de que la exigencia de razonabilidad (Análisis de Calidad Regulatoria Integral) sea un criterio de legalidad que dote de validez a las barreras burocráticas contenidas en disposiciones administrativas. La metodología utilizada para la investigación desarrollada ha sido, de manera conjunta: un método exegético por el cual se comentan los enunciados normativos en estudio; un método dogmático que aborda las instituciones jurídicas por las que transita el problema de tesis; y el uso del método funcional por el que se analizará la jurisprudencia y casuística concerniente a la tesis. Se han cumplido con los objetivos propuestos, asimismo se han verificado las hipótesis; por lo tanto, se concluye del trabajo de investigación que no resulta congruente que se disponga la inaplicación solo al caso concreto de una barrera burocrática denunciada contenida en una disposición administrativa al ser declarada ex post como carente de razonabilidad. Asimismo, el Análisis de Calidad Regulatoria dispuesto por el D. Leg. n.° 1310 no es un análisis integral ex ante de barreras burocráticas. Conforme a lo anteriormente expuesto, en el primer capítulo, se verá un análisis material de las barreras burocráticas desde una óptica económica y jurídica, como manifestación de la Administración Pública. En el segundo capítulo, he desarrollado un análisis del procedimiento de control constitucional – por infracción indirecta a la Constitución – que realiza el INDECOPI sobre las barreras burocráticas denunciadas contenidas en disposiciones administrativas. Y en el tercer capítulo se puede ver un estudio sobre el Análisis de Calidad Regulatoria vigente acompañado de una propuesta de metodología de análisis de calidad regulatoria integral.