Informe Jurídico de Expediente Penal N° 07524-2013-0-1801-JR-PE-00

Abstract

En este informe jurídico se presenta el análisis del proceso penal seguido contra L. W. M. A. por delito contra el Patrimonio - Robo Agravado tipificado en el artículo 188° tipo base y 189° con las agravantes de los incisos 2, 3 y 4 del Código Penal en agravio de E. M. A. M. y E. F. S. L. Luego de la investigación policial efectuada por la DIRINCRl PNP Miraflores, se remitió el atestado policial pertinente a la Décima Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima. El Fiscal Provincial formalizó denuncia penal contra L. W. M. A. en agravio de E. M. A. M. y E. F. S. L., y puso a disposición al denunciado en calidad de detenido. Dicha denuncia llegó al Juzgado de Turno Permanente, donde el Juez dictó el Auto de Inicio del Proceso abriendo instrucción en la vía ordinaria contra el denunciado conforme al artículo 77° del Código de Procedimientos Penales vigente en ese momento. Asimismo, impuso como medida coercitiva la detención judicial del denunciado, en base a los presupuestos del artículo 135° del Código Procesal Penal, de igual manera conforme a los artículos 94° y 95° del Código de Procedimientos Penales dispuso trabar embargo preventivo sobre los bienes libres que señale el inculpado. La Sétima Fiscalía Superior Penal formuló acusación contra L. W. M. A. como autor del delito de Robo Agravado consumado, solicitando 12 años de pena privativa de libertad y al pago solidario de la reparación civil de 2, 000 soles a favor de cada uno de los agraviados, sin perjuicio de la devolución de lo sustraído. Luego de efectuar el control de acusación, la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel; declaró haber mérito para pasar a juicio oral, realizando cinco audiencias, luego de las cuales emitió sentencia condenando al acusado por Robo Agravado a 10 años de pena privativa de la libertad, fijando la suma 1,000 soles por concepto de reparación civil a favor de cada uno de los agraviados. El Ministerio Público y la defensa interpusieron recurso de nulidad, elevándose lo actuado a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la misma que declaró haber nulidad en el extremo de la pena privativa de libertad impuesta por Sala Superior, reformándola le impusieron 6 años de pena privativa de libertad, y declararon no haber nulidad en lo demás que contiene.