El Principio de Responsabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador

Abstract

El Derecho Consitucional constituye una de las ramas del derecho poco comprendidas y más polémicas, pues es donde se da un mayor grado de interpretación y posiblemente donde se puede dar mayores conceptos indeterminados, pero que tiene implicancia en todas las áreas del derecho, mas aun cuando existen multiples operadores que lo interpretaran, y en especial el hiperactivismo judicial que es cuando los jueces en aras de corregir situaciones terminan invadiendo fueros determinados a otros poderes, convirtiéndose en legisladores, siendo que dicho temor se manifestó en el debate sobre el Guardian de la Constitucion hecho entre Schmitt y Kelsen, cuando Schmitt critico la posición de Kelsen de dotar al juez la facultad de interpertar mas alla de los limites establecidos por la ley, pues dicha posición desvanecería de manera efectiva el Principio de Separación de Poderes, al permitir que el juez quiera ejercer funciones legislativas por las que no esta autorizado. Al respecto, uno de sus pilares de protección del derecho constitucional constituye los derechos fundamentales, surgiendo primero de protección contra el abuso de los poderes públicos; y posteriormente como la del efecto de irradiación mediante la cual, dichos derechos irradian al resto del ordenamiento, no existiendo a partir de ese momento zonas exentas de control constitucional. El Principio de Culpabilidad en Sede Administrativa, a través de la responsabilidad administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores, constituye el Tema de Investigación en torno a la cual iniciare el desarrollo del presente trabajo de investigación, para lograr la incorporación de una línea de pensamiento jurídico a través del principio de responsabilidad, generando la compatibilidad de la responsabilidad objetiva y subjetiva, y con ello buscar un equilibrio entre garantismo de los administrados y una eficaz protección a la sociedad, mas aun cuando existe un vacio en su estudio que podría podría convertir en real los temores del hiperactivismo judicial a través de la nulidad de los procedimientos administrativos.