La expropiación con fines de saneamiento inmobiliario en la ley 29320

Abstract

El presente trabajo de investigación se basa en el análisis de la Ley 29320 Ley que modifica el artículo 21° de la Ley N° 28687, Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, la cual declara de necesidad pública la expropiación y posterior titulación en beneficio de los pobladores de los terrenos ocupados por posesiones informales al 31 de diciembre de 2004, análisis dirigido a la verificación de la causa expropiandi de la Ley N° 29320, a efectos de determinar si respeta el procedimiento para la expropiación que establece la Constitución Política del Perú. El origen del problema es la formalización de las posesiones informales asentadas sobre terrenos de terceros, las mismas que se han producido por la falta de control y de una política de vivienda por parte del Estado y que se han proliferado a tal punto que cada gobierno de turno trata de solucionar a su modo éste álgido problema, no preparando ni siguiendo una dirección para cumplir su finalidad, lo que conlleva a utilizar cualquier vía a modo de solución, aunque ello signifique iniciar procedimientos que afecten derechos constitucionales y no respeten lo establecido en la Carta Magna. Para tal efecto, hemos recurrido a la normatividad que regula la expropiación como la Constitución Política del Perú como norma fundamental, Ley General de Expropiaciones, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 29320 de expropiación para la titulación de posesiones informales y su Reglamento; y el Código Civil. Asimismo, hemos acudido a doctrina tanto nacional como extranjera, para estudiar las instituciones jurídicas que soportan la presente investigación como son el derecho de Propiedad y la Expropiación, además de jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional. Todo ello con la finalidad de determinar si la Ley N° 29320 Ley de Expropiación para la titulación de posesiones informales se ajusta al procedimiento de expropiación establecido en la Constitución, la cual prescribe que la expropiación procede por causas de seguridad nacional o necesidad pública, debiendo estar sujeta una reserva de Ley y, previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada.