Análisis sobre la aplicación de la consulta previa en el proceso de otorgamiento de concesiones eléctricas

Abstract

El presente informe versa sobre la Sentencia N° 461/2023 emitida por el Tribunal Constitucional sobre el recurso de agravio constitucional interpuesto por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas-SL contra el Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por haber omitido la consulta previa a las comunidades afectadas en el marco del Contrato de Concesión de Sistema Garantizado de Transmisión del Proyecto y se solicitó la nulidad de: i) la Resolución Ministerial que aprobó el Plan de Transmisión; ii) el Acuerdo que rigió el concurso público; y, iii) el Contrato de Concesión.

El Tribunal declaró improcedente en parte la demanda por sustracción de la materia en los extremos relacionados al Contrato de Concesión y la Resolución e infundada respecto a la nulidad del Acuerdo. Sin embargo, se pronunció sobre la pertinencia de la implementación de la consulta previa estableciendo que existe la obligación del Estado de realizarla cuando una medida administrativa pueda generar una afectación directa a los pueblos indígenas.

A razón de ello, el presente trabajo analiza la decisión del Tribunal en tanto a la pertinencia de la implementación de la consulta previa al caso y a la oportunidad en la cual este mecanismo debe ser implementado. Concluyendo que la consulta previa es aplicable al otorgamiento de la concesión eléctrica y debe realizarse en el momento inmediatamente anterior al otorgamiento de la concesión definitiva por parte del Ministerio de Energía y Minas.

This report analyzes Ruling No. 461/2023 issued by the Constitutional Court on the constitutional grievance filed by the Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente and the Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas-SL against the Ministry of Energy and Mines and the Agency for the Promotion of Private Investment for having omitted prior consultation with the affected communities in the framework of the Concession Contract for the Guaranteed Transmission System of the Project and requested the nullity of: (i) the Ministerial Resolution that approved the Transmission Plan; (ii) the Agreement that governed the public tender; and, (iii) the Concession Contract.

The Court declared the claim inadmissible because the controversy no longer exists regarding the Concession Contract and the Resolution and unfounded with respect to the validity of the Agreement. However, it ruled on the relevance of the implementation of prior consultation, establishing that the State has the obligation to carry it out when an administrative measure may directly affect the indigenous peoples.

Therefore, this paper analyzes the Court's decision regarding the relevance of the implementation of prior consultation to the case and the opportunity in which this mechanism should be implemented. Our conclusion is that prior consultation is applicable to the granting of the electric concession and must be carried out immediately prior to the granting of the definitive concession by the Ministry of Energy and Mines.