Propuesta de programa de cumplimiento para proveedores sancionados para la obtención de liberación condicional de la inhabilitación para contratar con el Estado

Abstract

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal proponer un proyecto normativo que regule la liberación/exención/redención de la condición de proveedor inhabilitado para contratar con el Estado a través de programas de cumplimiento, a fin de coadyuvar a la eficiencia de la gestión de las contrataciones del Estado. Según el reporte de resolutivos sancionatorios emitidos por el Tribunal de Contrataciones del Estado en los períodos anuales del 2021 al 2023, los casos en los que los proveedores presentaron documentos falsos y/o información inexacta a las instituciones públicas, al Registro Nacional de Proveedores del Estado, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, a su órgano colegiado o a la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, representan el 29% del total de casos resueltos. Asimismo, de la muestra de resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado sobre aplicación de sanciones a proveedores -sesenta (60) en total- correspondiente a los períodos anuales del 2021 al 2023, se aprecia la afectación de importantes rubros económicos por la aplicación de sanciones a proveedores del estado, como salud, educación, comunicaciones, entre otros. En el presente trabajo de investigación se analiza la necesidad de regular los programas de cumplimiento en la contratación pública, como causal de liberación de la condición de proveedor inhabilitado para contratar con el Estado, tomando como referencia la propuesta de la OCDE y la legislación comparada, que permita a los proveedores la liberación de la sanción aplicada por el órgano colegiado en mención y así contribuir al logro de mejores resultados en la contratación gubernamental.

This research project's primary goal is to suggest a regulatory project that governs the release, exemption, or redemption of the status of suppliers disqualified from contracting with the State. This regulation would be achieved through compliance programs, aiming to enhance the efficiency of State contracts. According to the report of sanctioning resolutions issued by the State Contracting Court between 2021 and 2023, approximately 29% of resolved cases involved suppliers who submitted false or inaccurate documentation to various entities, including the State Contracting Court, the National Registry of Suppliers, and the State Procurement Supervisory Body. Additionally, an analysis of sixty (60) resolutions from the State Contracting Court during the same period revealed that sanctions imposed on suppliers have significant economic implications. Sectors such as health, education, and communications are particularly affected by these sanctions. Considering these findings, this research emphasizes the need to regulate compliance programs in public procurement. By doing so, suppliers disqualified from contracting with the State could potentially be liberated from their disqualification status. The proposed approach draws inspiration from the OECD’s recommendations and comparative legislation, ultimately aiming to improve the outcomes of contracting activities carried out by public entities.