El agraviado esta obligado a constituirse en actor civil dentro del proceso penal, en el Distrito Judicial de Huánuco , 2022

Abstract

La investigación tuvo objetivo general, determinar si el agraviado está obligado a constituirse en Actor civil dentro del proceso penal, en el Distrito judicial de Huánuco -2022. Asimismo, la metodología aplicada fue la siguiente: El tipo de investigación fue aplicada a razón que a partir de los resultados se pretendió generar un cambio positivo para todos los agraviados que no ven resueltos los daños ocasionados por el delito cometido en su contra.; el nivel fue descriptivo – explicativo, porque se describió el fenómeno problemático en su estado natural, y a partir de la realidad objetiva se explicó si el agraviado está obligado a constituirse en actor civil o no en el proceso penal, por otro lado, el diseño fue no experimental – transeccional. En cuanto a la selección de la muestra, se empleó el muestreo no probabilístico de manera intencionada, obteniendo 50 operadores jurídicos del Distrito Judicial de Huánuco, a quienes se aplicó el cuestionario, instrumento que se validó con el informe de expertos, y para su confiabilidad se aplicó el Alpha de Cronbach. Asimismo, se empleó el estadístico Chi cuadrado para las variables, por lo que al contrastar mediante el estadístico Chi cuadrado, la contrastación entre el actor civil y el proceso penal, el valor X2 = 20,5000 para cinco grados de libertad con un p = 0,001, siendo este valor menor a 0,05, se rechazó la hipótesis de nula y se aceptó la hipótesis de investigación, comprobándose que el agraviado no está obligado a constituirse en Actor civil dentro del proceso penal, en el distrito judicial de Huánuco, 2022. Por tanto, se concluyó que el agraviado no está obligado a constituirse en actor civil para ejercer sus derechos y facultades que la norma le otorga, sin embargo, deben hacerlo porque no tienen una participación activa para acordar el monto de la reparación civil; asimismo, se ha podido determinar que las reparaciones civiles que fijan el Ministerio Publico y los jueces competentes, son montos insuficientes que no cubren la magnitud del daño causado, razón principal por lo que muchos de los agraviados se ven afectados en sus derechos e intereses porque el monto de la reparación civil que les corresponde es insuficiente.