La aplicación de la ley penal en blanco en el Perú : rol del organismo de evaluación y fiscalización ambiental y el Ministerio Público

Abstract

La tutela del derecho a vivir en un ambiente sano inició en la década de los setenta, con la entrada en vigor de instrumentos internacionales. Los que al ser acogidos por los Estados que integran el Sistema Universal de Derechos Humanos, generaron la producción de legislación interna centrada en la protección del ambiente. En el Perú, el ambiente es tutelado en las vías administrativa y penal. Para el caso de esta última, en el Código Penal se han establecido tipos penales en blanco. La ley penal en blanco permite la remisión a normas ambientales como la Ley General del Ambiente, la cual establece la obligación de remitir Informes Fundamentos en el marco de procesos penales por delitos ambientales. El Informe Fundamento es una prueba documental elaborada y remitida por Entidades de Fiscalización Ambiental como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la cual debe ser enviada al Ministerio Público con la finalidad de ayudar en las labores de investigación y persecución del delito. Sin embargo, de las entrevistas realizadas a especialistas en la materia y lo investigado, se evidencia que el Informe Fundamento del OEFA carece de información suficiente que demuestre las obligaciones incumplidas y la existencia del daño ambiental. Por ende, en la práctica las carencias de dicho documento limitan la efectividad de la persecución penal. Palabras clave: derecho a vivir en un ambiente sano, delito ambiental, Informe Fundamentado, ley penal en blanco, Ministerio Público y OEFA.

The protection of the right to live in a healthy environment began in the seventies, with the entry into force of international instruments. Those, when received by the States wich integrate the International Human Rights System, generated the production of domestic legislation focused on the protection of the environment. In Peru, the environment is protected by administrative and criminal processes. For the latter one, blank criminal types have been established in the Penal Code. The blank penal law allows the remission to environmental legislation like the Law of the Environment, which establishes the obligation to send Informes Fundamentados1 in criminal processes for environmental crimes. The Informe Fundamentado is a documentary evidence prepared and submitted by Environmental Enforcement Entities such the Agency for Environmental Assessment and Enforcement (OEFA, by its acronym in Spanish), which must be sent to the Public Ministry in order to assist in the investigation and prosecution of the crime. However, from the interviews conducted with specialists in the subject and from what was investigated, it is evidenced that the OEFA’s Informe Fundamentado lacks sufficient information to demonstrate the unfulfilled obligations and the existence of environmental damage. Therefore, in practice, the shortcomings of this document limit the effectiveness of the criminal prosecution.