Aplicación del principio de oportunidad en los delitos de conducción en estado de ebriedad y su relación con la carga procesal de la primera fiscalía provincial penal corporativa de Ica, año 2022

Abstract

Dentro de los delitos considerados como aquellos que atentan contra la tranquilidad pública, el de conducción en estado de ebriedad es uno de los más comunes, pues en su propia naturaleza está el ser un delito de probabilidad, es decir, que no necesita afectar algún bien jurídico sino exponerlo a un daño debido a la ingesta de alcohol por parte del autor sobre los límites legales establecidos para conducir. Durante 2020, por ejemplo, se reportó casi cuarenta mil accidentes de tránsito de los cuales un porcentaje cercano al 37% era por causas referidas al estado de ebriedad de quienes conducían. Dado que la conducción en estado de ebriedad se encuentra sancionada en nuestro sistema penal, corresponde que para su proceso de acreditación participen tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, a través del fiscal, como titular de la acción penal, así como el juez, en su calidad de director del proceso y único investido del poder punitivo y sancionador. Es por ello que nuestro sistema procesal penal contiene herramientas que permiten agilizar el proceso y terminarlo anticipadamente ante el reconocimiento del autor del delito evitando la condena y reparando el daño ocasionado, para lo cual el Ministerio Público deberá abstenerse de la acción penal. En el presente estudio, buscamos analizar al principio de oportunidad aplicado a los delitos de conducción en estado de ebriedad, así como aquella relación que este tenga con la carga procesal en sede fiscal, con precisión en la primera fiscalía provincial penal corporativa de Ica, durante el año 2022.