Transgresión a la tutela procesal efectiva en la investigación fiscal en los delitos en la primera Fiscalía Superior Penal de Huánuco-2016

Abstract

Se recibió con expectativa positiva la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, en el sentido que los delitos cometidos en esta parte del país serán duramente castigados y en el breve plazo, desterrando los viejos mitos de juicios escritos que duraban de cinco o más años en el peor de los casos; pero, los justiciables denunciantes o víctimas, denunciados o imputados que acudieron al Ministerio Público no han recibido respuesta oportuna de sus casos, en términos de sanción penal, salidas alternativas al conflicto o medidas de simplificación procesal o se mantienen las investigaciones sin resolver violando los plazo legales, perjudicando sus intereses; todo ello afecta el derecho fundamental a la tutela procesal efectiva, que exige, el derecho que tiene toda persona afectado por la criminalidad de acceder a la justicia y que ésta no sólo sea amparado por el Ministerio Público o Poder Judicial, sino que los fallos o disposiciones fiscales se cumplan a cabalidad. El propósito de estudio de la Tutela Procesal Efectiva fue lograr la mejor comprensión del tema por parte de los operadores de la justicia, de los justiciables para lograr la aplicación y reconocimiento de mejores garantías para el acceso a la justicia. Se utilizó los métodos lógicos (analítico – sintético). Que consiste en descomponer el fenómeno en cada una de sus partes para estudiarlos describiéndolos y para posteriormente explicarlos, interpretando de manera conjunta los elementos involucrados. Teniendo como resultado y conclusión que la Tutela Procesal Efectiva, no se encuentra expresamente legislada como tal en el Derecho Positivo nacional, sin embargo, en la presente investigación se propone demostrar que la Tutela Procesal Efectiva, tiene rango constitucional a través de diversas normas procesales contenidas en la Constitución Política y en los tratados y convenciones internacionales que se integra al derecho positivo del Perú.