Criterios para la aplicación del principio de confianza en la determinación de responsabilidad penal de quien delega funciones en el ámbito de la contratación pública

Abstract

El tema del presente trabajo de investigación fue motivado por el intento de brindar algunas herramientas dogmáticas que permitan a los operadores del Derecho nacional, utilizarlas al momento de investigar y juzgar a funcionarios y servidores públicos acusados de haber cometido delitos en el marco de las contrataciones públicas en las hayan intervenido. En los últimos años nuestro país viene soportando un alto nivel de corrupción funcionarial, que impide su normal desarrollo, pues ingentes sumas de dinero de todos los peruanos, son apropiados por personas a quienes el Estado les ha confiado la percepción, custodia o administración de sus recursos; el mayor ámbito en el que se dan estos actos de corrupción es en el de las contrataciones públicas, en el que también participan en calidad de cómplices empresarios particulares. En muchísimos casos incluso emblemáticos de corrupción en el contexto de contrataciones públicas que han sido judicializados, han culminado con la absolución de altos funcionarios que a pesar de tener participación en actos irregulares y/o ilícitos, alegan haber actuado bajo el principio de confianza, por el cual solo se habrían limitado a suscribir, dar conformidad o autorizar algún acto jurídico previamente realizado por un subalterno a quien se le atribuye toda la responsabilidad del hecho; dejando una percepción de impunidad y de desconfianza en la justicia, pues es sabido que por lo general los hechos de corrupción son dirigidos desde los más altos niveles de las entidades públicas, aunque materializados por funcionarios jerárquicamente subordinados. Una situación específica del uso del principio de confianza para evadir responsabilidad en el marco de un proceso de contratación pública, se da cuando un funcionario del más alto nivel jerárquico alega haber delegado competencias –normativamente suyas- a otro funcionario de menor jerarquía, desligándose por tanto del mal uso que este último haga de las competencias delegadas; lo cual no siempre es así, porque como se explica en el presente trabajo el funcionario que delega competencias no se desvincula de su originaria competencia, aun cuando la haya delegado, pues permanece una posición de garantía y con ello los deberes de control y vigilancia sobre la actividad del delegado. Es en razón de ello que, en la presente investigación, haciendo un análisis de las teorías que se ocupan del tema y de sentencias emitidas en casos reales sucedidos en nuestro país, que se ha podido establecer algunos criterios para la aplicación o no, del Principio de Confianza en la determinación de responsabilidad del funcionario que delega competencias en la contratación pública.