Ineficiente regulación en la protección y seguridad jurídica al proveedor en la ley de contrataciones del estado .

Abstract

Durante años, dentro del derecho administrativo, el sistema público ha desarrollado una serie de procedimientos a través de sus leyes y reglamentos que permitieron el desenvolvimiento funcional, jurídico y administrativo, para que en función de este régimen normativo, los propósitos y proyectos tanto privados o públicos, se organicen y ejecuten como fue programado como indican los diversos manuales y sistemas que se conoce teóricamente, la Administración Pública actúa unilateralmente, a través de actos y normas administrativas. Sin embargo, dicho sistema y regulación normativa estatal, específicamente analizando, los proyectos lanzados anualmente y dentro del año fiscal, los que están en proceso y los que están por concluir, tienen una serie de complicaciones que enfrentan no solo el Estado sino terceros administrados que se les denomina proveedores de servicio, obra o bien que la Entidad requerirá para el cumplimiento de los fines y las necesidades públicas. La Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, y su Reglamento actualizado por D.S. 350-2015-EF regula las diversas fases del procedimiento de contratación estatal, a través de la regulación de sus normas para cada fase específica, percibiéndose la deficiencia normativa y falta de seguridad jurídica a los derechos del proveedor y la vulneración de los principios que rigen las contrataciones estatales. Es por ello que para cumplir con el propósito de la presente investigación he realizado un estudio inmerso en las normas, principios, doctrina y jurisprudencia ligado al tema para buscar una solución frente a la deficiencia de la norma, porque hace falta de un estudio analítico, crítico e interpretativo al enfoque de la vulneración de los derechos del proveedor que trabaja con el Estado. De igual forma este lineamiento fue desarrollándose conforme a los principios que ampara la ley de la Administración Pública, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley del Procedimiento Administrativo General, y demás que acompañan a este trabajo.