Factores que inciden en la aplicación de la ley nº26979 del procedimiento de ejecución coactiva en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo para la ejecución de resoluciones administrativas.

Abstract

El objetivo de la presente investigación fue analizar los factores que inciden en la aplicación de la ley Nº26979 del procedimiento de ejecución coactiva en la municipalidad distrital de San Jerónimo, ello teniendo en cuenta que la mencionada ley de ejecución cuenta con un T.U.O y se aplica sobre los actos administrativos que han adquirido firmeza ello de conformidad con la Ley Nº27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, al referirse a actos administrativos se enfoca en resoluciones administrativas que culminan en multas, órdenes de pago, resoluciones de determinación y otros que son impuestas a los administrados por la omisión o comisión de no cumplir la normatividad administrativa referida a licencias de funcionamiento, licencias de construcción, defensa civil, licencias por ocupación de vías públicas, obligaciones tributarias, etc. Posterior a la emisión de estas sanciones administrativas que adquieren firmeza se hace la aplicación de la Ley Nº26979 y su T.U.O por la que se aplica la ejecución forzosa e implementa el inicio de un procedimiento coactivo, una característica especial de este procedimiento es que durante su tramitación no se puede interponer recursos impugnatorios contemplados en la ley, toda vez que el tema de fondo se ha deliberado en las unidades de la administración pública que determinó la responsabilidad administrativa, en tal sentido, su único fin es meramente la ejecución de la obligación de dar, hacer y no hacer. Sin embargo, se ha podido verificar que en la mayoría de casos los administrados o contribuyentes recurren a la aplicación del inciso e) del artículo 16º de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva que suspende el procedimiento coactivo hasta la emisión de una sentencia consentida. También se ha verificado que los administrados o contribuyentes recurren a la aplicación del artículo 23º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº26979 donde el obligado puede presentar reiteradas veces un mecanismo procesal denominado Demanda de Revisión Judicial del Procedimiento Coactivo. El efecto de la presentación de la Demanda de Revisión Judicial y la demanda contencioso administrativa conlleva a la suspensión del procedimiento coactivo, tan sólo con la presentación al Ejecutor Coactivo del cargo de presentación ante la mesa de partes del Poder Judicial (Sin Auto Admisorio) con el consecuente levantamiento de las medidas cautelares (Embargos) debidamente dictadas o emitidas. Observándose, que con este procedimiento se favorecen a los obligados al poder disponer su patrimonio y transferir sus bienes a fin de evadir la acción de cobro. Asimismo, se advierte que con estos artículos se genera un perjuicio al estado al evitar la recaudación de las entidades para cumplir con las necesidades sociales y al suspenderse la cobranza coactiva por a la interposición de la demanda existen casos en los que no solo se habla de la recaudación sino también del impacto social debido a la limitación del principio de autoridad el cual queda limitado en muchos casos perjudicando incluso a la población que se ve afectada en situaciones como invasiones de vías, áreas verdes o áreas de aporte y que los procesos judiciales tiene una duración aproximada de 3 a 7 años hasta agotar las instancias judiciales mientras tanto la infracción sigue subsistentes y el perjuicio sigue ocasionado en la población y hacia el mismo estado. En la presente investigación se desarrollará sobre los obligados al presentar sus demandas lo hacen a sabiendas de la carga procesal que tiene el Poder Judicial y buscan la suspensión del procedimiento coactivo solo con el fin de dilatar y eludir las sanciones administrativas y obligaciones. Esta investigación de es de tipo cuantitativo, porque utilizo instrumentos de recolección de datos que probaran la finalidad del estudio y su relevancia jurídica y aportara a la comunidad jurídica para la solución a un problema que se ve reflejado en una realidad cotidiana y que es afrontado por la administración pública.

The purpose of the present investigation is to analyze the bills that affect the application of Law Nº26979 of the coercive execution procedure in the district municipality of San Jerónimo, this taking into account that the aforementioned law of execution has a T.U.O and is applied to administrative acts that have become firm in accordance with Law No. 27444 – Law of General Administrative Procedure, when referring to administrative acts we refer to administrative resolutions that culminate in fines, payment orders, determination resolutions and others that are imposed on those administered for the omission or commission of not complying with the administrative regulations regarding operating licenses, construction licenses, civil defense, licenses for occupation of public roads, tax obligations, etc. After the issuance of these administrative sanctions that acquire firmness, the application of Law No. 26979 and its T.U.O is made, by which the forced execution is applied and the initiation of a coercive procedure is implemented, a special characteristic of this procedure is that during its processing it is not possible to file appeals contemplated in the law, since the substantive issue has been deliberated in the units of the public administration that determined the administrative responsibility, in this sense, its sole purpose is merely the execution of the obligation to give , do's and don'ts. However, it has been verified that in most cases the companies or taxpayers resort to the application of subsection e) of article 16 of the Coercive Execution Procedure Law, which suspends the coercive procedure until the issuance of a consented sentence. It has also been verified that the companies or taxpayers resort to the application of article 23 of the Single Ordered Text of Law No. 26979 where the obligor can repeatedly present a procedural mechanism called Demand for Judicial Review of the Coercive Procedure. The effect of the presentation of the Demand for Judicial Review and the contentious-administrative demand leads to the suspension of the coercive procedure, only with the presentation to the Coercive Executor of the charge of presentation before the table of parts of the Judicial Power (Without Auto Admisorio) with the consequent lifting of precautionary measures (Embargoes) duly dictated or issued. Observing that this procedure favors the obligors by being able to dispose of their assets and transfer their assets in order to evade the collection action. Likewise, it is noted that these articles cause damage to the state by preventing the collection of entities to meet social needs and by suspending coercive collection due to the filing of the lawsuit, there are cases in which we not only talk about the collection but also of the social impact due to the limitation of the principle of authority which is limited in many cases, even harming the population that is affected in situations such as road invasions green areas or areas of contribution and that the judicial processes have an approximate duration of 3 to 7 years until the judicial instances are exhausted, meanwhile the infraction continues and the damage continues to be caused in the population and towards the same state. In the present investigation we will develop that those obliged to present their demands do so knowing the procedural burden that the Judiciary has and seek the suspension of the coercive procedure only in order to delay and avoid administrative sanctions and obligations.

This research is of a quantitative type, because it will use data collection instruments that will prove the purpose of the study and its legal relevance. and will contribute to the legal community for the solution to a problem that is reflected in a daily reality and that is faced by the public administration.