Aplicación del procedimiento especial de terminación anticipada en el nuevo código procesal penal y la vulneración del principio de proporcionalidad en el distrito judicial del cercado de Cusco.

Abstract

El proceso de la terminación anticipada desde la perspectiva de los sistemas procesales es manifestación del esquema inquisitivo porque implica la renuncia a la contradicción y al juicio público.

La terminación Anticipada es una institución que fue introducida en nuestra legislación y constituye una expresión sumamente importante para la administración de justicia en nuestro País porque ayuda a combatir con la carga procesal y además mediante ésta institución se puede lograr una justicia más rápida y sin dilaciones. Tiene naturaleza de negociación penal entre Fiscal e imputado sobre la pena a imponerse, y las demás consecuencias accesorias.

Éste acuerdo es presentado por el Fiscal o Abogado ante el Juez de Investigación Preparatoria, quien deberá ejercer el control de legalidad de la pena, observando su licitud y proporcionalidad. Muy independientemente que el proceso sea terminado de manera abreviada o no, el Estado debe probar más allá de toda duda la responsabilidad del procesado. El control judicial a los procesos que terminan mediante aceptación de cargos o acuerdo implica el ejercicio material de la función de juzgamiento, lo que a su turno exige la comprobación de la prueba como fundamento de la condena.

Con la imposición de una pena concreta se persigue una finalidad concreta, la cual se ve reflejada en los principios que la inspiran, pero además podemos aludir a las circunstancias que ha de tenerse en cuenta con ella o podemos referirnos a la vinculación que cabe establecer entre sus presupuestos y la individualización misma, factores que han de vincularse para constituir una unidad en cuanto a lo que implica la individualización de la pena como concepto. La individualización judicial de la pena, implica determinar el quantum de la pena a imponerse dentro del marco legal; no obstante las disposiciones al respecto están dispersas en la Parte General del Código Penal así como en otros instrumentos de la legislación procesal vigente, por lo que aplicar una pena o cualquiera otra clase de sanción penal requiere, por tanto, de un marco regular básico, el cual tiene como base un conjunto de principios rectores o políticas de gestión, que orientan las decisiones del legislador o del juez hacia la configuración legal o la ampliación procesal de penas justas y racionales. Es con la finalidad de establecerlas que se deben respetar una serie de garantías en pro de los derechos fundamentales de los justiciables, entre ellas la de fijar una sanción penal bajo el marco del “Principio de Proporcionalidad”, conocido también como principio de prohibición de exceso o de la pena justa, la que corresponde a una política penal de origen retribucionista, muy ligada a la noción clásica de culpabilidad, por la que debe existir correlación entre la pena y el grado de responsabilidad del agente, con la magnitud del daño ocasionado y con la trascendencia del bien jurídico lesionado; en otras palabras equivalencia razonable, en sus dimensiones cualitativas o cuantitativas con el tipo de delito cometido, con las circunstancias de su realización y con la intensidad del reproche que se pueda efectuar al autor. Por tanto el no respeto de tal principio al momento de aplicar una sanción conllevaría a una afectación de derechos básicos pues sería desproporcionada y no acorde a ley.

En el periodo de Junio 2014 a Junio del 2015 en el Distrito Judicial del Cercado de Cusco se ha podido advertir que éste mecanismo de solución anticipada es utilizado en gran magnitud por ende podríamos determinar que efectivamente ayuda a la descarga procesal y precisamente éste responde en buena cuenta a los factores de racionalización, cuando ante la producción de un evento criminal, la sociedad, y victima esperan una respuesta rápida y eficaz; sin embargo ello debería ir de la mano con la imposición de una pena proporcional al daño cometido y dentro de los parámetros legales establecidos.

Por estas razones es que nacen nuestras interrogantes ¿Se vulnera el Principio de Proporcionalidad en las sentencias de Terminación anticipada, dentro del Distrito Judicial del Cercado del Cusco?, de la revisión y análisis de las sentencias de Terminación Anticipada pude determinar que efectivamente si se vulnera el Principio de Proporcionalidad en la mayoría de casos, teniendo como factores de ello en primera cuenta la indebida aplicación de la Confesión sincera, la no correcta aplicación de las circunstancias modificatorias de la pena (atenuantes, atenuantes privilegiadas, agravantes y agravantes cualificadas), lo que ocasiona una incorrecta determinación e individualizar la pena. Ello indica que el juzgador no realiza un adecuado control de legalidad lo que ocasiona además que no existe una debida motivación de las sentencias. A través de la investigación realizada, pude logar mis objetivos planteados y realizar un análisis crítico de los criterios en los que se basó el Ministerio Público y la Defensa para establecer la pena. Por lo que concluyo advirtiendo que el tratamiento en cada caso en concreto es distinto por lo tanto el Ministerio Público y en su caso la Defensa del imputado debe tomar en cuenta los criterios establecidos en la Ley N° 30076, para la determinación de la pena así como el juzgador debe realizar un adecuado control de legalidad en los acuerdos de Terminación Anticipada para que de ese modo no se incurra en vulneraciones.

The process of early termination from the perspective of process systems is a manifestation of the inquisitorial scheme because it involves the renunciation of contradiction and public trial. Early termination is an institution that was introduced in our legislation and is an extremely important for the administration of justice in our country expression because it helps combat the caseload and also by this institution can be achieved faster and justice without delay. Has nature of negotiation between prosecutor and criminal accused of the penalty to be imposed, and other side-effects. This agreement is presented by the prosecutor or lawyer before the preliminary investigation judge, who will exercise control of legality of punishment, watching their legality and proportionality. Quite independently completed the process abbreviated or not, the state must prove beyond all doubt the responsibility of the accused. The judicial processes that end up by accepting positions or deal involves material exercise judgment function, which in turn requires the verification of the test as a basis for conviction. With the imposition of a particular sentence for a specific purpose, which is reflected in the principles that inspired it, but can also refer to the circumstances to be taken into account with it or can refer to the link to be drawn between being pursued their budgets and individualization same factors that must be attached to form a unit in terms implying the individualization of punishment as a concept. The judicial individualization of punishment, involves determining the quantum of sentence to impose within the legal framework; however the relevant provisions are scattered in the General Part of the Penal Code as well as other instruments of the current procedural law, so apply a penalty or any other kind of criminal sanction requires therefore a basic framework regulating, which is based on a set of guiding principles or management policies that guide the decisions of the legislator or judge to legal proceedings configuration or extension of fair and rational punishment. It is in order to set them to be observed a number of safeguards in support of the fundamental rights of individuals, including setting a penal sanction under the framework of the “principle of proportionality“, also known as the principle of prohibition of excess or just penalty, which corresponds to a policy of retributive criminal origin, closely linked to the classical notion of guilt, for which there must be correlation between the punishment and the degree of responsibility of the agent, the extent of the damage and the importance of the injured legally; reasonable equivalence in other words, in its qualitative or quantitative with the type of offense, the circumstances of their implementation and the intensity of criticism that can effect the author dimensions. Therefore the non-respect of this principle when applying a sanction would lead to a disruption of basic rights as it would be disproportionate and not in accordance with law. In the period from June 2014 to June 2015 in the Judicial District Fencing Cusco it has been noted that this mechanism early solution is used on a large scale then we could determine that effectively helps the procedural download and accurately it responds in good account factors rationalization, when before the production of a criminal event, society and victim expect a swift and effective response; however this should go hand in hand with the imposition of a penalty proportional to the damage done and within established legal parameters. For these reasons is born our questions does the principle of proportionality is violated in Early termination statements within the Judicial District of Cusco ?, Fencing review and analysis of judgments Early Termination could effectively determine if it violates The principle of proportionality in most cases, taking as factors in this first account misapplication of sincere Confession, the incorrect application of the amendments circumstances of punishment (extenuating, privileged, aggravating and mitigating aggravating qualified), which causing an incorrect determination and identify it. This indicates that the judge does not conduct a proper judicial review which also causes there is no proper motivation of judgments. Through research, I could achieve my objectives and make a critical analysis of the criteria on which the prosecution and the defense relied to establish it. So I conclude warning that the treatment in each individual case is different so the prosecution and if the defense of the accused must take into account the criteria No. 30076 Act, for sentencing and the judge must make a proper legality in Early Termination agreements to thereby not incurring violations.