Cuestionamiento a la Ley N°30225, sobre la Solución de Controversias por Enriquecimiento sin causa en la Ejecución de Obras Públicas

Abstract

En esta tesis abordamos tres temas; por un lado el enriquecimiento sin causa, institución jurídica recogida en nuestro Código Civil vigente; el arbitraje como mecanismo constitucionalmente reconocido para administrar justicia y las contrataciones del Estado, específicamente los contratos de obra pública, tema que despierta cada día más, el interés de los peruanos por su disconformidad en el desarrollo del país. El enriquecimiento sin causa es un principio del Derecho, ya que nadie puede enriquecerse a expensas de otro; sin embargo, es común que esto pase en los contratos de obra pública, en particular cuando las entidades contratantes no pagan a los contratistas por las prestaciones adicionales (no previstas en el expediente técnico inicial) y que los contratistas ejecutan a causa de seguir la ruta crítica de la obra y terminar la misma. Cuando se afectan sus derechos, los contratistas pueden accionar la restitución del pago o de los daños ocasionados. En el caso de los contratos que celebra una entidad del Estado, si surge un conflicto proveniente del contrato, las partes suelen someter su resolución a un arbitraje. Ha sido el mismo Estado quien ha reconocido la importancia y autonomía del arbitraje en su búsqueda de administrar justicia; sin embargo, con la ―nueva Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225 que aún no entra en vigencia sino hasta los treinta días después de publicado su reglamento, se restringe esta facultad al arbitraje, de ser el medio que administre justicia en el caso de los contratos donde participe el Estado. En efecto, una disposición contenida en la citada ley, remite al Poder Judicial las controversias que puedan surgir en torno al enriquecimiento sin causa, precepto que nosotros no creemos sea el más idóneo, ya que afectaría de manera sustancial, como veremos a lo largo de la tesis, los intereses jurídicos y económicos de los contratistas, quienes sufrirán un malestar en el desarrollo de sus actividades a causa de la concurrencia de un proceso judicial lento y no especializado y donde el Estado es juez y parte.