El Tribunal Constitucional y su exclusiva y efectiva facultad de revisión a las resoluciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones

Abstract

Nuestra Carta Magna señala que el Jurado Nacional de Elecciones, en adelante JNE, Organismo Constitucionalmente Autónomo, ostenta la exclusividad de la función jurisdiccional electoral y por el otro, existe la alternativa que mediante una acción de amparo sea conocido por el Poder Judicial; asimismo, a través de la interposición del recurso de agravio constitucional puede ser conocido por el Tribunal Constitucional, instituciones que puedan reformar y/o modificar una resolución electoral transgresora de derechos fundamentales. Respecto a esta situación, el nuestro supremo Tribunal Constitucional, en adelante TC, ha determinado en el Precedente Vinculante N.° 5854-2005/PA/TC, y en los Expedientes N.° 2730-2006-PA/TC; 5448-2011-AA/TC, 7247-2013-AA/TC, afirmando que “hay fundamentos necesarios que no solo sustentan la viabilidad, sino la absoluta necesidad de que las resoluciones del JNE sean sometidas a un escrutinio de validez constitucional a través del proceso de amparo”. Cabe precisar que, el convocado a administrar justicia es el Poder judicial, este poder del Estado ostenta el mismo nivel jerárquico que el JNE, en ese sentido resulta incongruente que sean sus jueces, quienes estén facultados a conocer procesos de amparo contra resoluciones emitidas por el JNE, sin embargo, es así como hasta la fecha se ha venido desarrollando. El caso más conocido, en el cual ha intervenido el Poder Judicial, para conocer el amparo es el Caso Castillo Chirinos, justamente del ex alcalde de la Provincia de Chiclayo, cuyo acción llegó hasta el Tribunal Constitucional, quién garantizó sus derechos; por ello la presente investigación, desarrollará la factibilidad de los amparo en materia electoral sean tramitados ante el TC, quien deberá pronunciarse de manera definitiva, todo ello en virtud a que es el supremo interprete de la Constitución y el Organismo facultado para ejercer el Control Concentrado de la Constitucionalidad.