Determinación del estándar de prueba en el peligro procesal para requerir prisión preventiva en investigaciones por delitos especialmente graves

Abstract

La prisión preventiva es la medida de coerción personal que en grado de intensidad afecta en mayor medida el derecho fundamental a la libertad de quien no ha sido condenado, siendo esto así debe ser imperativo que su aplicación sea, necesariamente, como una última medida (residual, al haberse descartado la viabilidad del resto de medidas cautelares). En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de nuestro país ha emitido el Acuerdo Plenario N° 01-2019/CIJ-116 con la finalidad de determinar y unificar criterios en relación a los presupuestos del requerimiento de prisión preventiva.

El presente trabajo de investigación se desarrolló en torno a la interpretación que realizó la Corte Suprema de Justicia en el Acuerdo Plenario N° 01-2019/CIJ-116 al artículo 268° del Código Procesal Penal (requisitos para requerir prisión preventiva), en relación a delitos especialmente graves. Siendo que en el fundamento jurídico 37, con calidad de doctrina legal, se indicó que, para delitos con pena concreta superior a los quince años, no es necesaria la existencia de graves y fundados elementos de convicción (sospecha fuerte o vehemente) sino que esta puede ser reemplazada con elementos de convicción suficientes, para sustentar el peligro procesal.

En ese sentido, se ha realizado un estudio dogmático que incluye la valoración de la postura del titular de la acción penal (fiscal) que se encuentra en condiciones de requerir prisión preventiva en delitos especialmente graves, así como demás actores del proceso penal (juez y defensa técnica). Esto con la finalidad de determinar la imposibilidad de aplicar el mencionado fundamento jurídico 37 a un caso real, pues la interpretación que realiza la Corte Suprema de Justicia colisionaría contra el principio de legalidad e igualdad en la aplicación de la ley.