La prisión preventiva y la presunción de inocencia en el NCPP

Abstract

La prisión preventiva es sin duda la más grave y polémica de las resoluciones que el órgano jurisdiccional puede adoptar en el transcurso del proceso penal. Mediante su adopción se priva al imputado de su derecho fundamental a la libertad, en un prematuro estadio procesal en el que, por no haber sido todavía condenado, se presume su inocencia. El pedido de prisión preventiva que los fiscales hacen al juez de la investigación preparatoria muchas veces se realiza por un retardo judicial, falta de capacidad operativa de los cuerpos policiales y la falta de pericia para las investigaciones de parte del ministerio público; en la mayoría de los casos se aplica pisoteando la presunción de inocencia en nuestro país. La prisión preventiva es la excepción de excepciones y se empleara cuando las demás medidas no funcionen. La libertad de una persona tiene como elemento limitante el principio de presunción de inocencia, constitucionalmente reconocido en nuestro Estado. La presunción de inocencia es el elemento sustancial que protege a todo ser humano desde que se le imputa un delito, durante el proceso penal, e incluso en el juicio oral, considerando que, ante la duda razonable, incluso llega a estar protegido. En los últimos años se ha convertido en un deporte nacional la aplicación de la prisión preventiva, colocando al imputado en las mismas condiciones que los delincuentes condenados con sentencia firme, olvidándose que la prisión preventiva tiene carácter excepcional. Todos sabemos que la investigación preliminar tiene un plazo de ocho meses (inv. Preliminar-Preparatoria), para que el fiscal pueda realizar actos urgentes, verificar si han tenido lugar los hechos denunciados, asegurar los elementos probatorios de su comisión, individualizar a las personas involucradas, imputados y agraviados, realizar las pericias pertinentes, tratar de impedir las consecuencias ulteriores y asegurar la presencia de las personas investigadas.