La prueba de oficio en el código procesal penal peruano y el principio de inocencia

Abstract

En la actualidad existe una intensa polémica aún no concluida, tanto en el ámbito de la doctrina y la jurisprudencia; para unos la aplicación de la prueba de oficio es un rezago del antiguo modelo (mixto) porque permite que el Juez invada el terreno de la función de las partes, especialmente del Fiscal; para otros la prueba de oficio es excepcional, su necesidad aparece como consecuencia de la actuación probatorio de los adversarios, es consecuente. Y sea respecto al primero o al segundo, resulta procedente determinar si la prueba de oficio se opone al principio de inocencia. Frente a la polémica manifestada líneas arriba, la tesis: LA PRUEBA DE OFICIO EN EL CODIGO PROCESAL PENAL PERUANO Y EL PRINCIPIO DE INOCENCIA tiene como objetivo general. Determinar en qué medida la prueba de oficio vulnera el principio de inocencia previsto en el Constitución Política del Estado, mediante la encuesta de opinión de los justiciables y comunidad jurídica. Los objetivos específicos son los siguientes: Identificar las características de la prueba de oficio y del principio de inocencia mediante la aplicación de la doctrina jurídica y la jurisprudencia para interpretar y demostrar si se oponen en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal Peruano, Establecer en los casos en que es factible aplicar la prueba de oficio en el Nuevo Código Procesal Penal Peruano, a fin de llegar a la verdad sin transgredir el principio de inocencia. En ese sentido, la tesis es significativa porque contribuye a aclarar conceptos y teorías que permitan impartir una correcta administración de justicia, es decir, buscar la verdad y hacer justicia. La investigación es de naturaleza teórica, nivel descriptivo interpretativo, se desarrolló mediante el análisis de las leyes y normas vigentes, además del análisis de la opinión de los justiciables y comunidad jurídica. La investigación concluye que la actuación de la prueba de oficio en forma excepcional por el juez, vulnera flagrantemente el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 2 numeral 24, literal e) de la Constitución Política del Estado, por cuanto al suplir la deficiencia probatoria de alguna de las partes en el proceso se asume una posición de parte se deja sin efecto el principio de indubio pro reo, previsto en el artículo 139, numeral 11, de la carta magna.