Criterios para la determinación de la prueba ilícita en el nuevo proceso penal peruano

Abstract

Es por todos reconocida la importancia de la prueba en el quehacer jurídico en general y en el proceso en particular, al punto que sin ella no es imaginable el funcionamiento del sistema de impartición de justicia, en orden a resolver el conflicto puesto en su conocimiento. Sin embargo, en el Estado Constitucional de Derecho resulta inadmisible que los agentes de la persecución del delito desplieguen una actividad de búsqueda e incorporación de la evidencia incriminatoria que vulnere abiertamente el plexo de derechos fundamentales reconocidos en favor de los ciudadanos. En otras palabras: la búsqueda y obtención de la prueba en una investigación o proceso penal de ningún modo deben ser realizadas “a cualquier precio”. Además de ello, para el juzgador siempre representará un problema decidir en el caso concreto la posibilidad de admitir excepciones a la regla que prohibe valorar aquel material probatorio obtenido en tales condiciones. El presente proyecto de tesis, intitulado “Criterios para la determinación de la prueba ilícita en la jurisprudencia penal peruana”, está referido precisamente a la cuestión precedentemente esbozada. En efecto, nos ocuparemos de la problemática planteada por aquellas situaciones de orden procesal en las que los operadores jurídicos, especialmente quienes tienen la misión constitucional de impartir justicia penal, se ven enfrentados al dilema de consagrar la verdad material valorando determinada prueba obtenida o incorporada con violación de derechos fundamentales o hacer prevalecer la vigencia irrestricta de estos últimos expulsando del proceso la prueba obtenida en tales condiciones. Y es que en el proceso penal están en juego la libertad y la dignidad del ser humano pero también la necesidad de descubrir la verdad para el ejercicio eficaz del ius puniendi. O dicho de otro modo, asistimos al eterno conflicto entre libertad y seguridad que buscará resolverse de acuerdo con el momento histórico y el modelo de proceso derivado de la Constitución Política. En cuanto al marco teórico se refiere, hemos considerado pertinente desarrollarlo en un capítulo aparte, elaborando sistemáticamente el análisis y estudio de las instituciones jurídicas involucradas. Esta decisión responde a que en una investigación jurídica, el propio marco teórico es parte integrante del objeto investigado, siendo necesario recurrir a criterios lógicos - dogmáticos propios del ámbito jurídico y, por consiguiente, ajenos a las investigaciones puramente empíricas. En este orden de ideas, de entrada abordamos como cuestiones preliminares, que nos servirán de punto de partida, el estudio del modelo procesal diseñado por la Constitución Política del Estado, toda vez que el estudio de la cuestión objeto de investigación guarda relación con el tratamiento constitucional de los derechos fundamentales y el diseño o propuesta de proceso penal que emerge de la Carta Política. La referencia a la prueba procesal es necesaria en la medida que la cuestión a investigar se presenta precisamente dentro del ámbito de la actividad y valoración probatorias. En una segunda parte de este desarrollo sistemático abordamos de lleno el estudio de la prueba ilícita, delimitando su concepto, la diferenciación entre prueba directa y refleja, así como entre prueba ilícita y prueba irregular, los derechos afectados, las consecuencias jurídico - procesales de la prueba ilícita, incluyendo el examen de las numerosas excepciones a la regla de exclusión actualmente planteadas sobre todo en el derecho comparado. A continuación nos ocupamos de los desarrollos elaborados en nuestro país por el Tribunal Constitucional y la doctrina respecto de la temática abordada por la investigación, así como también de los sistemas de regulación de las excepciones a la regla de exclusión, esto es, el reglado y el jurisprudencial, tomando posición al respecto. Para concluir, consideramos pertinente el análisis micro – comparativo de la institución en ordenamientos jurídicos como los de Estados Unidos, España, Alemania, Argentina, Chile y Colombia. Finalizamos la investigación con las conclusiones correspondientes y la propuesta de lege ferenda que hemos considerado pertinente, consignándose también la bibliografía consultada que está vinculada con el tema materia de investigación