Estrategias para el mejoramiento de la gestión de despacho en la aplicación del nuevo código procesal penal en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2011 al 2012

Abstract

Una de las principales preocupaciones en la reforma de la administración de justicia radica en como mejorar la administración de justicia penal. Ello se deben que existen diversos factores que la afectan negativamente: “a) la demora en los procesos, uno de cuyas consecuencias es el promedio histórico del 80% de presos sin condenas en las cárceles; b) las condiciones que favorecen que se produzcan casos de corrupción; c) la proliferación de procesos sumarios en el marco de una lógica formalista, que no contiene especiales garantías para las partes; d) la gran sobrecarga procesal, que imposibilita la adecuada impartición de justicia y e) los altos indicies de inseguridad ciudadana, en parte por la ausencia de una justicia penal eficiente”1. La reforma procesal penal en el Perú tomo un gran impulso mediante el Decreto Supremo N° 005-2003-JUS, del doce de Marzo del 2003, en donde se dispuso la conformación de una comisión especial de alto nivel encargada de proponer modificaciones y mecanismos para la implementación del nuevo Código Procesal Penal. El 28 de Julio del año 2004, fue promulgado en el Diario Oficial el Peruano el nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957) el cual ha significado un cambio sustantivo en la justicia penal peruana al enfocar nuevos roles en el desarrollo de procesos jurisdiccionales y administrativos en instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Policía Nacional del Perú. El Decreto Legislativo 958, publicado también el 28 de Julio del año 2004, regula el proceso de implementación y transitoriedad de este nuevo cuerpo normativo, ello en virtud a la autorización brindada por la Ley 28269, que delegaba en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante Decreto Legislativo un nuevo Código Procesal Penal, las normas de implementación así como cualquier otro asunto en materia procesal penal. La comisión de Alto Nivel creada por el Ministerio de Justicia en el año 2003, establecía que entre las razones que justificaron la dación del nuevo Código Procesal Penal, una de las más importantes fue ”la necesidad de que los países de este lado del continente adecuen su legislación a los estándares mínimos que establecen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”.