EL DEBIDO PROCESO EN EL JUZGAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES EN EL JUZGADO DE FAMILIA DE TINGO MARÍA, 2014 - 2015

Abstract

En la nueva Legislación peruana para el tratamiento del menor se ha promulgado el Decreto Legislativo N° 1348 el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, este decreto es bastante claro al referirse al adolescente como sujeto de derechos y obligaciones, responde por la encargo de infracción en virtud a una responsabilidad penal especial; es decir no pueden ser eximentes, están comprendidos entre las edades de catorce (14) a dieciocho (18) años. En la sociedad actual no es raro observar en las noticias o en el transcurrir diario la presencia de adolescentes que se dedican a actividades ilícitas convirtiéndose en adolescentes infractores, muchas veces influenciados por personas adultas que tratan de aprovechar de su calidad de fragilidad para obligarles a cometer actos delincuenciales de diversa índole; así como también, adolescentes que se han visto orillados a tomar el camino de la delincuencia por motivos familiares o la extrema violencia intrafamiliar, bajo estrato social, inmigración de sus progenitores, presión de ambiente en el que viven como la existencia de pandillas dedicados al sicariato, asesinatos, robos, etc. Las etapas de juzgamiento de adolescente infractores, en los que es común que se hallen transgredidos los principios constitucionales del proceso como la falta de celeridad para ser juzgados, alargándose por tiempo los procesos, la falta de imparcialidad de los administradores de justicia, así como presentación de informes periciales a destiempo, son características comunes y frecuentes de un proceso penal; sin embargo, los jueces dan validez a pesar de ello; de manera que resulta de gran importancia las normas internas e internacionales en que los principios no sean quebrantados para que no les afecte a los adolescentes infractores que se encuentran en proceso de juzgamiento; en este contexto el Estado democrático de derecho de sujeción del ordenamiento y la sociedad en su totalidad expande su fundamento en la Constitución Política que contempla los derechos fundamentales, a más la implementación de normas específicas: el Decreto Legislativo N° 1348, no discrepa la naturaleza de responsabilidad penal del adolescente con la del adulto, siendo considerada como específica y exige en su diligencia medidas socioeducativas o de medidas de coerción procesal. Su aplicación del debido proceso y dentro de una observancia, de marchas o de usos y costumbres, resulta pernicioso para el infractor; por lo mismo que, si el adolescente inculpado falta o no quisiera acudir a las citas pese a estar comunicado debidamente, el juez puede imponer medidas de coerción procesal para obligarlo a que vaya a las audiencias. La primera es la detención, que puede ser policial, mediante arresto ciudadano o resolución judicial por flagrancia delictiva. Estos arrestos no pueden durar más de 24 horas. Otra medida inmediata es la suspensión preventiva de derechos como el impedimento de salida del país o de realizar determinadas labores. También será posible ordenar el impedimento de aproximarse a ciertos lugares. La última medida es la internación preventiva, cuando exista peligro de fuga y convicción que cometió una infracción sancionable con internación.