Las políticas públicas con enfoque en los derechos humanos en la región Piura en el periodo 2015-2019

Abstract

Siendo el objetivo general de la investigación determinar la incidencia de las políticas públicas en la efectiva vigencia de los derechos humanos en la región Piura en el periodo 2015-2019, se partió por hacer un análisis de las siguientes políticas públicas: el Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, y la Ley de Libertad Religiosa; así como también, de los siguientes derechos: el derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho a la educación superior, y el derecho a la libertad de religión. Para evaluar las políticas públicas se utilizó como indicadores: el principio de igualdad y no discriminación, la participación social, los mecanismos de reclamo y acceso a la justicia, la producción y acceso a la información como garantía de transparencia y rendición de cuentas, la protección prioritaria a grupos en situación de especial vulnerabilidad, y la inclusión de la perspectiva de género y de interculturalidad. La evaluación de la promoción y protección de los derechos humanos se hizo con los siguientes indicadores: cobertura del marco normativo internacional, cobertura del marco normativo nacional, asignaciones presupuestarias, denuncias recibidas y atendidas, medidas de incentivos y sensibilización, funcionamiento de instituciones específicas, e impacto del Estado en la promoción de los derechos humanos. Los resultados indican que las políticas públicas implementadas en la región Piura han incidido en la efectiva promoción y protección de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Pues, en cuanto a la implementación de las políticas públicas se demostró que el Estado ha cumplido con aplicar los indicadores (principios y normas) del derecho internacional propuestos por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018). Por otro lado, respecto al grado de promoción y protección de los derechos humanos se verificó el cumplimiento de los indicadores propuestos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012).