Proceso civil: expediente n° 61445-2004-0- 1801-JR-CI-34, Materia: desalojo y Proceso constitucional: expediente n° 57694-2002-0- 1801-JR-CI-16, Materia: acción de amparo

Abstract

[Proceso civil]: El presente proceso 61445-2004-0-1801-JR-CI-34, es uno de naturaleza civil, versa sobre el instituto jurídico de la «posesión» sobre un bien inmueble; pero con énfasis en la «posesión precaria», vista ésta desde el punto de vista jurídico, como aquella situación fáctica, en la cual una persona ejerce la posesión sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. La presente controversia judicial, se inicia porque la «Superintendencia de Bienes Estatales» interpuso «demanda de Desalojo Por Ocupación Precaria» contra «Augusto José María De Almenara Liceti» en «vía proceso sumarísimo», a fin de «que restituya la posesión del bien inmueble de propiedad estatal», por su parte el demandado alega que son propietarios del inmueble por prescripción. Situación a que conllevó a que las partes procesales, tengan que pasar por dos instancias; el juzgado civil, que le daba la razón a la entidad demandante; la misma que fue apelada por los demandados; pero, la Sala Superior desestimo el recurso de apelación y confirmó la decisión del juez inferior. Sin embargo, a través de un recurso de casación interpuesto por Patricia Haydee Musiris Chaffo, la Corte Suprema de la Republica declaró fundado el recurso de Casación y declaró Nula la sentencia de Vista, ordenando que expida una nueva sentencia. En cumplimiento de lo ordenado la Sala superior, revocó la sentencia de primera instancia y reformándola declaró improcedente la demanda interpuesta por la «Superintendencia de Bienes Estatales», archivándose la presente causa.

[Proceso constitucional]: El presente proceso es uno de naturaleza constitucional, denominada «acción de amparo», también denominada acción de garantía, el cual busca proteger y/o restablecer los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú, de todo ciudadana y ciudadano, que hayan sido afectado o puedan ser afectado. En el presente caso, el demandante arguyó en su demanda, que se le está «afectando a la salud y la vida, al negársele retrovirales y medicamentos, en calidad de paciente con tratamiento de VIH/SIDA». Por su parte, las entidades del estado demandadas, arguyeron «que no hubo afectación a los derechos fundamentales, por el contrario, están dando cumplimiento a ley». Siendo un proceso constitucional, su desarrollo se inició ante el Juez constitucional -cabe la precisión que para el inicio de la demandada no existía la especialidad constitucional, por lo que el proceso se inició ante un juez civil- quien expidió una sentencia a favor del demandante; sin embargo, el Procurador Publico del Ministerio de Salud, presentó medio impugnatorio de apelación, lo que motivó que el proceso sea analizado por los Jueces Superiores, ante ésta decisión, el demandante presentó un Recurso de Agravio Constitucional - RAC, lo que motivo que la presente causa termine siendo de conocimiento del Tribunal Constitucional, que a su vez, declaró fundada la demandada de acción de amparo a favor del demandante, por afectación a los derechos fundamentales.