El Antejuicio Político en los casos de comisión de delito flagrante por parte del Presidente de la República

Abstract

La presente investigación recae sobre la institución constitucional del antejuicio político (AP, en adelante) regulado en el artículo 99 de la Constitución (Const., en adelante). Siendo así, se ha seguido como objetivo general el identificar y analizar los criterios de legitimidad constitucional de la aplicación del AP en los casos de comisión de delito flagrante por parte del Presidente de la República. En cuanto a la metodología utilizada se tiene un enfoque cualitativo, de tipo teórico práctico, de alcance descriptivo, de diseño teoría fundamentada, asimismo, cuenta con técnicas de recolección de información como la documental y la entrevista. Como resultado principal se tiene que hay una diversidad de métodos de interpretación aplicables al texto constitucional, en concreto, sobre el artículo 99 que regula el AP, por una parte, es posible de aplicar los métodos de interpretación tradicionales de la Ley, pero por la naturaleza de norma fundamental de la Const. es necesario recurrir a otros métodos de interpretación como el criterio de unidad, porque la Const. debe ser vista de forma global vinculando entre sí las normas que la conforman. Por último, a manera de conclusión general se señaló que se debe de recurrir a la interpretación seguida bajo el criterio de unidad de la Const. en la que el texto del artículo 99 de la Const. sea vinculado con el principio de estado democrático, regulado en el artículo 43 del mismo cuerpo normativo, conjuntamente con el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Asimismo, se debe tener en cuenta que el delito materia de evaluación se encuentre inmerso dentro del catálogo del artículo 117 de la Const. Por último, no se podrían aplicar los efectos de la flagrancia al supuesto contemplado en el inciso 4 del artículo 259 del CPP, por ser de cuestionable constitucionalidad.